Es sabido que al asumir Néstor Kirchner, a través de Claudio Escribano, subdirector del diario La Nación, los grupos más concentrados de la economía y refractarios a las políticas redistributivas en la Argentina, presentaron en sordina una serie de puntos que incluían el “alineamiento incondicional” del país con los Estados Unidos. El mandatario recién electo rechazó la impertinencia y el diario fundado por los Mitre aseguró que “La Argentina ha resuelto darse gobierno por un año”. El 7 de agosto pasado el diario El Cronista, del Grupo De Narváez, publicó un artículo al que tituló “Diez urgencias para el corto plazo”. El primero de ellos reclama lo que el círculo de los poderosos no logró: “Generar una coalición política que permita al nuevo gobierno independizarse del kirchnerismo”. Esperaban una deserción de Sergio Massa antes de las PASO, todavía aguardan que las semanas previas al 25 de octubre les alumbre la buena nueva. El cuarto ítem exigía “Resolver el conflicto con los fondos buitre, sin lo cual la Argentina no accederá a los mercados financieros ni logrará las inversiones necesarias para renovar y ampliar infraestructura”, la propuesta que Macri se vio obligado a disimular para tratar de parar el drenaje de votos de quienes no quieren perder lo poco o lo mucho alcanzado en los últimos 12 años. Los sectores de la producción y las finanzas que adversan al kirchnerismo, no lo hacen por problemas de forma ni le tienen asco a meras simbologías, sus intereses son concretos y cada sector tiene su propio reclamo. La suma de los mismos, bien puede ser un “pliego de condiciones” ya aceptado por sus favoritos o constituirse en un ariete contra las políticas que impulsa el Frente para la Victoria. Punto a punto Esos grupos económicos que, además son los grandes auspiciantes de los canales y programas de TV de mayor audiencia del país, no necesitan borronear papeles con sus “necesidades”; semana a semana, a través de sus representantes en asociaciones y foros o de sus voceros periodísticos formales o informales, lo hacen saber. Es su forma de presión, de generar “opinión” y de engendrar condiciones inestables en el mercado y el dólar ilegal. Los requerimientos, que se convierten en exigencias en cuanto la correlación de fuerzas les es favorable, una verdadera plataforma de gobierno con ajuste, que incluye puntos como los que siguen: Devaluación urgente, hasta llegar a un “superdólar” que les permita optimizar el producto de sus exportaciones, sin preocuparse por el mercado interno. Reducción salarial, para disminuir su “costo laboral”. La misma puede ser por inflación en un proceso sin suba salarial por ausencia de paritaria, como sucedió hasta 2003, o nominal, con reducción directa de sueldos. Subsidios del Estado para distintos componentes de su cadena de producción. Créditos también auxiliados desde el Estado, que bajen las tasas de sus deudas. Reembolsos por dólar de sus exportaciones, en lugar de retención sobre ganancias extraordinarias. Supresión inmediata de las retenciones a las agroexportaciones o reducción abrupta de las de máxima rentabilidad, como soja o maní. Apertura comercial, como la generada durante la dictadura de Martínez de Hoz o la convertibilidad de Cavallo. Bajar las barreras arancelarias a las importaciones, para bajar la inversión en insumos y lograr precios de exportación más baratos. Flexibilidad laboral semejante a la de los años ’90, cuando se legalizaron despidos sin indemnización, traslados geográficos y de puestos laborales. Disminución del “gasto público”, es decir de la inversión, sobre todo en políticas sociales, educación y salud. Debilitamiento del papel de contralor del Estado.
