El Gobierno tumba una propuesta del PSOE para suprimir tasas judiciales
La propuesta del PSOE pretendía eximir del pago de tasas judiciales a las entidades sin fines lucrativos, salvo en supuestos excepcionales, por entender que mantener esos pagos "supone un debilitamiento del mecanismo para hacer valer derechos constitucionales y estatutarios", ya que el papel de estas entidades es "vital".
En su escrito de veto, al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno replica que ampliar las exenciones del pago de tasas provocaría "una minoración en la recaudación" de la tercera parte del total anual. Concretamente, habla de una pérdida aproximada de 15 millones de euros anuales, respecto de los 45 millones que supone la recaudación total. El Ejecutivo añade que la recaudación por tasas judiciales forma parte del Presupuesto de Ingresos del Estado y que, al reducirse, conllevaría "un desequilibrio entre gastos e ingresos, con efecto directo sobre el déficit público".
Recuerda además que la iniciativa del PSOE fija el 1 de enero de 2017 como fecha de entrada en vigor y, dado que los Presupuestos vigentes en ese momento son los de 2016 prorrogados, Hacienda resuelve que no debe dar permiso para tramitar esa iniciativa ya que provoca una disminución de los ingresos presupuestarios previstos.
El escrito de veto, el decimoséptimo y último que ha registrado el Gobierno, ha llegado este martes a la Mesa del Congreso, donde se ha aceptado por mayoría: PP y Ciudadanos han dado por buenas las explicaciones del Ejecutivo, mientras que PSOE y Unidos Podemos han votado en contra porque pedían ignorar el veto.
Se trata de la cuarta iniciativa de la oposición sobre supresión de tasas judiciales que viene vetando el Gobierno, que se une a otras similares de Unidos Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto. En los cuatro casos, la Mesa del Congreso ha acabado aceptando los argumentos del Gobierno.
De los 17 vetos que ha presentado el Gobierno, el Congreso sólo ha rechazado dos de ellos, ambos relativos a iniciativas del PSOE: una para paralizar la Ley orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), y otra para igualar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.
Ambas iniciativas han podido seguir su tramitación e incluso ya superaron su primera votación en el Pleno del Congreso (la toma en consideración), pero el Gobierno ha mantenido su disconformidad y todo apunta a que acabará presentando un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.
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