El Congreso aprobará investigar a Fernández Díaz por su actuación en el proceso soberanista
El Congreso de los Diputados aprobará la próxima semana la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la actuación presuntamente irregular del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, sobre el proceso soberanista en Catalunya y distintos protagonistas de este movimiento independentista.
La Junta de Portavoces acordó incluir las iniciativas planteadas por el grupo parlamentario socialista, por Esquerra Republicana y el representante del Partit Demócrata Catalá (PDC), Francesc Homs, integrado en el grupo Mixto. Las solicitudes serán debatidas de forma conjunta al pretender el mismo objetivo que es la creación de la comisión de investigación.
El Partido Popular ha sido el único grupo en contra de que se debata este asunto. Rafael Hernando, lo ha calificado como “maniobra electoral”, mientras que su homólogo socialista ha justificado la iniciativa por entender que es un “atentado a la democracia utilizar el aparato del estado contra unos ciudadanos concretos”. El resto de grupos han apoyado la creación de esta comisión de investigación por lo que su constitución está garantizada.
Este asunto será debatido el martes próximo por la tarde, según adelanta Público, en una sesión plenaria de la cámara que seguirá a otra anterior convocada para la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, para explicar el polémico nombramiento del exministro José Manuel Soria para ocupar una dirección ejecutiva del Banco Mundial, finalmente frustrado por la polémica política desatada.
De Guindos, según ha comunicado oficialmente el Gobierno a la cámara, no comparecerá ante el pleno ya que sostiene que esta cámara no está legitimada para controlar al actual ejecutivo en funciones ya que no fue la instancia que le otorgó la confianza.
La comparecencia de cualquier persona citada ante una comisión de investigación parlamentaria es obligatoria, según establece el artículo 76 de la Constitución, en concreto en su apartado segundo. También queda recogido en el artículo 52 del reglamento del Congreso de los Diputados. En el caso de no hacerlo el Código Penal establece en su artículo 502 que serán castigados como “reos del delito de desobediencia”. Y añade: “Si el reo fuera autoridad o funcionario público se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por el tiempo de seis meses a dos años”.
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