Una irresponsabilidad electoral histórica
Toda resolución electoral tiene un momento preciso en que su utilidad se mide, que es el que precede al sufragio. El JNE emitió la suya con los comicios ya celebrados. Esa sola diferencia revela la distancia entre el cumplimiento institucional y lo que finalmente ha ocurrido.
Esta semana el JNE ha rechazado las candidaturas de alcaldes que intentaron perpetuarse en el cargo a través de mecanismos vedados por la Constitución. Vale decir que la dilación en su decisión carece de sustento legal o procedimental ya que debieron pronunciarse en su momento, mucho antes de lo que ocurrió. Estas páginas editorial han constatado que este organismo supo de los expedientes y los plazos para actuar antes de los comicios y simplemente no lo hicieron.
La consecuencia más inmediata de esa tardanza es la incertidumbre sobre quién gobernará. En Lima y en otras ciudades donde se produjeron estas transgresiones constitucionales, la ciudadanía desconoce aún hoy quién asumirá la alcaldía. En esos municipios, la gestión municipal recaerá sobre los segundos regidores de las listas ganadoras, figuras sin presencia en la campaña ni el mandato directo que el acto de votar debería conferir.
Esos gobiernos son legítimos en origen, toda vez que el respaldo popular los sustenta. Su composición efectiva, sin embargo, les resulta opaca a quienes votaron. Esa brecha entre el voto emitido y la autoridad que tomará posesión constituye una crisis de legitimidad producida por la inacción de un organismo que tuvo los instrumentos para evitarla.
El JNE habrá puesto freno a quienes forzaron la Constitución en beneficio propio. Ese mérito coexiste, sin embargo, con la responsabilidad histórica de haber permitido que el proceso avanzara hasta las urnas con postulaciones que ya debían estar descartadas.
Para la ciudadanía conoce ahora que la erosión de la confianza en las instituciones electorales proviene tanto del abuso de quienes violan la ley como de la pasividad de quienes tienen la obligación de impedirlo.
Los peruanos merecen saber que el pleno del JNE eligió no actuar cuando aún era posible corregir. Esa omisión, sin justificación legal disponible, pertenece al registro de las irresponsabilidades institucionales históricas del país.