El privilegio de tener una vivienda
El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos más proclamados y menos garantizados de las sociedades modernas. A pesar de estar reconocido en tratados internacionales, sigue siendo una aspiración lejana para millones de ciudadanos, tanto en países ricos como en países en desarrollo.
Las brechas son distintas. En Europa, la especulación financiera ha convertido el alquiler en algo inalcanzable para quienes tienen ingresos fijos. En América Latina, la informalidad de la posesión deja a familias enteras sin titularidad sobre el techo que levantaron con sus propias manos. Formas distintas del mismo problema: un derecho que el Estado proclama, pero que no siempre está en condiciones de garantizar.
En medio de estas realidades apareció Maricarmen Abascal, sin buscar ser un referente. Era una mujer de 87 años con problemas de movilidad que habitó el mismo apartamento del distrito de Retiro, en Madrid, durante más de siete décadas, hasta que un fondo de inversión elevó su alquiler de 500 a 2.650 euros mensuales.
Su caso movilizó a España de una manera que pocas demandas sociales lo habían logrado en años. El impacto fue de tal magnitud que llevó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a convocar elecciones anticipadas y produjo el llamado decreto Maricarmen sobre acceso a la vivienda. Desde la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que un hospital público estuvo con ella hasta el final y que la solución al problema de la vivienda pasa por generar más oferta y no por intervenir directamente el mercado. Ese debate, con evidentes posiciones encontradas, será uno de los ejes centrales de la campaña electoral que se abre en España.
El Perú conoce ese problema con otros nombres y otras circunstancias. Decenas de miles de compatriotas construyeron sus viviendas durante décadas en asentamientos humanos y, sin embargo, siguen siendo solo posesionarios de esas tierras. Y sobre esa precariedad se instala, además, la criminalidad organizada del tráfico de terrenos, que aprovecha la ausencia del Estado para ocupar, lotizar y vender tierras que no les pertenecen a familias que no tienen otra opción.
Por eso, el drama de Maricarmen no es solo español ni europeo. Es universal. Y es una búsqueda que debería mover a la civilización a tomar cartas en el asunto.
