Comisión de Constitución evaluará tres textos sustitutorios sobre facultades
La Comisión de Constitución y Reglamento de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio sin votar el predictamen de la mesa técnica que recomendaba rechazar y enviar al archivo la delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo.
La suspensión de la sesión responde a la presentación de tres textos sustitutorios planteados por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular, las cuales buscan un consenso para que se otorgue facultades al Gobierno únicamente en materias prioritarias y acotadas.
“Hemos recibido tres propuestas de texto sustitutorio. Una que presentó la agrupación Renovación Popular que contiene 10 materias acotadamente. Una propuesta de Obras con 5 materias. (…) Y una propuesta del Buen Gobierno con 2 materias sobre inseguridad y FEN. Entonces, tenemos propuestas bastante diversas y tenemos que llegar a un acuerdo, así que vamos a pasar a un cuarto intermedio para ver qué fórmula adoptamos”, sostuvo Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión.
La propuesta del Partido del Buen Gobierno plantea limitar la delegación a dos materias centradas en la seguridad ciudadana y la atención al Fenómeno del Niño.
Por su parte, el texto de Obras propone cinco materias relacionadas con la materia penal, simplificación administrativa, desarrollo productivo y facilitación del comercio.
En tanto, Renovación Popular presentó una alternativa que abarca diez materias, las cuales delimitan las facultades a materias de seguridad ciudadana, atención del Fenómeno El Niño, gestión del riesgo de desastres, reactivación económica, generación de empleo y modernización de la gestión pública.
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Sustentos técnicos de la Comisión de Constitución para rechazar el pedido
Antes del pase a cuarto intermedio, la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño, expuso las razones técnicas que sustentan el rechazo a las 66 materias que solicitó el Ejecutivo.
En su análisis, sostuvo que diversos puntos vulneran la Constitución, invaden competencias del Parlamento e incurren en duplicidad normativa.
Respecto al ámbito laboral, la presidencia advirtió que la medida debilita la protección ante despidos en la dirección pública y que la propuesta de un régimen progresivo no atiende la informalidad de las MYPE, la cual alcanzó un 88,5% en 2025.
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"No creemos que vaya a ayudar a mejorar la informalidad que tenemos actualmente en las medianas y pequeñas empresas, la cual se ha mantenido invariable en el tiempo, pasando de un 91,7 por ciento en el 2025 a un 88,5 por ciento del 2005 al 2025", sostuvo
Asimismo, la comisión observó también que la exploración en Áreas Naturales Protegidas contraviene el Convenio 169 de la OIT y las disposiciones de la Corte IDH.
"Sobre las actividades de exploración hidrocarburífera en áreas naturales protegidas [...] pretende modificar la ley de áreas naturales protegidas y la ley PIACI, que protege a los pueblos indígenas, que trae, vamos a decirlo así, un riesgo a la violación de estándares internacionales que los protege y que están señalados en el convenio 169 de la OIT y también lo ha señalado así la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
En cuanto al sector eléctrico, identificó riesgos de integración vertical que afectarán las tarifas finales. A estos cuestionamientos sumó la ausencia de un análisis económico en el eje tributario, los potenciales incrementos en las tarifas de SEDAPAL por el Decreto Legislativo 1620 y el peligro en los edificios al permitir que los certificados de Defensa Civil (ITSE) no tengan fecha de vencimiento, lo que eliminaría las revisiones periódicas.
"Sobre los certificados de defensa civil, los certificados ITSE, tampoco hay una justificación de reducción de cargas ni compatibilidad con la seguridad de las personas [...] se plantea que estos certificados duren mucho más tiempo, inclusive sea indefinido. Aquí ciertamente existe un riesgo de vulnerabilidad de los inmuebles y más aún es un riesgo que nosotros deberíamos evaluar y ponderar adecuadamente".
Con este y otros cuestionamientos técnicos, la parlamentaria argumentó que el pedido del Ejecutivo sobrepasaba los márgenes permitidos para la delegación de facultades.
"Se puede otorgar facultades al Poder Ejecutivo, pero estas no tienen que ser extensas, ni un número grande ni indeterminado: tiene que ser muy preciso y en este caso hemos visto que el pedido excede estas consideraciones. (…) Por las consideraciones que se han expuesto, la Comisión de Constitución recomienda no aprobar y llevar al archivo la proposición legislativa", indicó Avendaño.
Debate político
El debate en la sesión escaló entre las bancadas. En su intervención, la diputada Indira Huilca de Ahora Nación cuestionó las propuestas laborales y ambientales del Gobierno.
Huilca sostuvo que la iniciativa equivale a restituir esquemas como la "Ley Pulpín" que precarizan el trabajo y rechazó la falta de fiscalización y regulación del Estado en materia ambiental.
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"Plantean que les demos facultades a este gobierno para aplicar el llamado “silencio administrativo” a los instrumentos de estudio e impacto ambiental, los únicos instrumentos que tenemos en nuestro país para que por lo menos se haga una regulación en los proyectos de inversión y no tengamos que padecer los ciudadanos de contaminación ambiental".
La jornada registró además intercambios entre la diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno, y Flor Meza de Fuerza Popular, quien la acusó de asistir a la comisión solo para grabar videos para TikTok.
En su defensa, la diputada Alayza cuestionó el ausentismo y la falta de producción legislativa del oficialismo, además de rechazar los señalamientos sobre las advertencias del Ejecutivo respecto a la “paciencia republicana”.
“Paciencia es lo que los peruanos vienen teniendo desde que estos últimos diez años han visto a Keiko Fujimori actuar. [...] La presidenta Fujimori tuvo el atrevimiento de decir, en el tono más prepotente de todos, que el Congreso está poniendo a prueba su paciencia por la demora de cuatro semanas en aprobar el pedido de facultades".
A su turno, el diputado del Buen Gobierno, Fernando García, también rechazó la postura del Gabinete ante las expresiones del primer ministro y de la presidenta sobre el "agotamiento de la paciencia", y sostuvo que la política exige diálogo y confianza en lugar de discursos autoritarios o amenazas.
“¿Existe algun gen autoritario en la familia de la señora presidenta? ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Que estamos en una situación similar en la que se presentó los años 90. (…) La historia nos ha demostrado cómo terminó eso”.
Desde el oficialismo, los representantes de Fuerza Popular como el diputado Arturo Alegría reclamaron celeridad para aprobar la delegación en materia de ayuda humanitaria e INDECI, a la vez que criticaron la demora en la emisión del dictamen.
“Hay una molestia evidentemente de la bancada de Fuerza Popular y del país en general de lo que está sucediendo hoy en la Comisión de Constitución”.
Por su parte, el diputado Diethell Columbus indicó que existen los votos para autorizar de manera estricta los puntos sobre seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño, por lo que dejó en manos del grupo de trabajo la elaboración de un texto consensuado o la ratificación del archivo.
“El país está reclamando atención a dos problemas importantes: El Fenómeno El Niño. (…) Reconozco [presidenta] que usted misma reconoce el sentido de urgencia”.
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Acuerdos de bancada y ruta de consenso
Tras el pase a cuarto intermedio, los representantes del Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación, sostuvieron una reunión en la oficina de Oscar Reto, congresista que preside la Cámara de Diputados.
López Chau indicó para Epicentro que las agrupaciones buscarán unificar criterios a través de propuestas individuales antes del cierre de la semana.
"Hemos tenido una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados y hemos estado las cuatro fuerzas: Buen Gobierno, Obras, Juntos por el Perú y Ahora Nación. (…) Hemos querido que cada partido elabore las propuestas que quiera hacer de facultades. Se van a coordinar y sumar, y hay un plazo máximo que es el viernes", precisó el parlamentario.