Pedro Castillo pide participar en audiencia de la Corte Suprema para declarar antes de que se resuelva su apelación
Pedro Castillo, expresidente de la República, pidió participar en una audiencia de la Corte Suprema antes de que se resuelva su recurso de apelación contra la condena que recibió por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
"Mi recurso de apelación contra la condena de 11 años permanece en la Corte Suprema desde el 7 de enero de 2026 y, tras más de ocho meses de espera, el mismo día previsto para su calificación (23 de septiembre de 2026), esta fue dejada sin efecto a raíz de una inhibición, lo que vuelve a paralizar la revisión de mi condena mientras permanezco privado de libertad desde el 7 de diciembre de 2022. Por ello, exijo que la Corte Suprema me conceda el uso de la palabra el 1 de octubre de 2026, antes de resolver la inhibición, pues no pido privilegios ni pretendo dilatar el proceso, sino ejercer mi derecho de defensa y a ser oído", indicó a través de su cuenta de X (antes Twitter).
En su argumentación para solicitar intervenir antes de que la Corte Suprema adopte una decisión, Castillo citó el informe de opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dicho informe concluyó que el expresidente no contó con las debidas garantías procesales tras ser detenido luego de anunciar el cierre del Congreso.
Como se sabe, Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo. Su esposa, Lilia Paredes, y sus hijos se encuentran asilados en México bajo la protección del Gobierno de Claudia Sheinbaum.
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Poder Judicial rechazó habeas corpus de Pedro Castillo
El Poder Judicial desestimó en agosto un pedido de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo. El expresidente buscaba dejar sin efecto la condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión. El pedido también pretendía anular la vacancia presidencial, el levantamiento de su fuero y la prisión preventiva dictada durante el proceso.
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La jueza Ana Osorio Sosa, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, consideró que los argumentos de la defensa no eran suficientes para atender su solicitud. Entre ellos se encontraba la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, que calificó de arbitraria la detención de Castillo y recomendó su liberación. Sin embargo, la magistrada sostuvo que dicho pronunciamiento no tiene carácter jurisdiccional ni es vinculante para el Estado peruano, por lo que no puede modificar directamente las decisiones adoptadas por la justicia nacional.
Asimismo, el juzgado señaló que la detención del exmandatario no fue arbitraria y estuvo relacionada con una decisión judicial dentro del proceso penal. Sobre la vacancia y el levantamiento del fuero, Osorio Sosa tomó en cuenta lo establecido previamente por el Tribunal Constitucional, que sostuvo que Castillo intentó quebrantar el orden constitucional con su mensaje del 7 de diciembre de 2022 y que, debido a la situación de emergencia, no correspondía aplicar el procedimiento ordinario para el levantamiento del fuero.