Una decisión electoral urgente
Las democracias se sostienen con elecciones y con reglas claras que todos los actores conocen antes de que empiece la competencia. Cuando las normas electorales son precisas y los organismos que deben interpretarlas actúan con anticipación, el votante puede ejercer su derecho con plena información sobre a quién está eligiendo y qué ocurrirá después de que cuenten los votos. Esa claridad es la condición mínima de una elección transparente y legítima. Y es exactamente lo que muchos peruanos necesitan resolver con urgencia a 23 días del 4 de octubre.
El JNE resolvió que un alcalde en ejercicio puede postular como primer regidor. Lo que dejó pendiente es la pregunta que más importa: si ese primer regidor, que tiene prohibición constitucional de reelección inmediata, puede recibir las credenciales de alcalde y gobernar si su lista gana. El propio jefe del organismo electoral, Roberto Burneo lo reconoció afirmando que “no hemos llegado a otra situación controvertida”. Es decir, el JNE resolvió si pueden postular y reservó para después la decisión sobre si pueden gobernar.
La Ley Orgánica de Municipalidades establece que ante vacancia o impedimento del alcalde electo, el primer regidor asume automáticamente. Pero si ese primer regidor tiene una prohibición constitucional de reelección inmediata, la pregunta sobre si puede recibir las credenciales requiere una respuesta antes del 4 de octubre. Al respecto, 14 organizaciones políticas ya le pidieron al JNE un pronunciamiento vinculante antes de los debates del 21 y 22 de septiembre. El JNE tiene la facultad y la responsabilidad de pronunciarse pronto.
La puerta que el JNE dejó abierta puede convertirse en una controversia de proporciones mayores el 5 de octubre. Si una lista con un ex-alcalde como primer regidor gana las elecciones y ese ex-alcalde reclama la alcaldía, el sistema electoral peruano necesita tener una respuesta clara antes de ese momento. Resolverlo ahora protege la legitimidad del proceso y a los propios candidatos. Resolverlo después, en medio de impugnaciones y conflictos, dañaría mucho más una institucionalidad que el Perú necesita fortalecer.