Juez ordena a De la Espriella no bombardear grupos armados si existe información sobre la presencia de menores
Un juez de Guaviare ordenó al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y al Ejército colombiano abstenerse de ejecutar bombardeos contra grupos armados cuando exista información sobre la presencia de menores reclutados. La decisión surgió tras una acción de tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez y establece medidas para reforzar la protección de niños y adolescentes durante las operaciones militares.
La orden judicial exige al Ministerio de Defensa, Ejército, Fuerza Aeroespacial e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar, en un plazo de 48 horas, cuáles son los protocolos que permitan identificar menores, verificar datos sobre reclutamiento forzado, evaluar riesgos para la población civil y garantizar medidas diferenciadas de protección infantil. El caso tomó fuerza después de una operación en Guaviare que dejó 10 integrantes de las disidencias de las FARC muertos, entre ellos tres adolescentes: dos de 15 años y uno de 16.
Gobierno defendió los ataques contra grupos armados
La administración de De la Espriella sostuvo que los menores fallecidos formaban parte de estructuras armadas y, por esa razón, constituían un “blanco legítimo”. El Ejecutivo defendió así las acciones de la Fuerza Pública frente a las organizaciones ilegales que operan en distintas zonas del país.
La controversia también alcanza una medida cautelar emitida por un juzgado de familia de Bogotá, que ordenó a la Presidencia, al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas evitar ataques aéreos cuando existan evidencias sobre niños utilizados o reclutados por esas estructuras. La disposición no prohíbe todos los bombardeos, sino aquellos casos en los que las autoridades tengan información sobre la presencia de menores.
Otro adolescente murió el 10 de agosto durante un ataque en Catatumbo. Con los tres casos de Guaviare, las autoridades han confirmado al menos cuatro menores fallecidos en las dos primeras operaciones aéreas del actual Gobierno.
Defensoría cuestiona la estrategia de De la Espriella
La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la magnitud del reclutamiento forzado. Entre 2024 y el 31 de julio de 2026, la entidad registró 1.173 casos de menores afectados por este delito.
Su titular, Iris Marín, cuestionó además la actitud del mandatario tras la operación de Guaviare, donde De la Espriella apareció junto a los cuerpos de 23 presuntos disidentes. “El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel”, afirmó la funcionaria.
El presidente, por su parte, ha defendido una política de dureza contra las organizaciones armadas. De la Espriella aseguró que “la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República” y sostuvo que su Gobierno derrotará al crimen “por la razón o por la fuerza”.
Operativos militares dejan nuevas bajas en Nariño
Las operaciones militares continuaron en otras regiones. En Nariño, un despliegue contra integrantes del Estado Mayor Central, específicamente del frente Franco Benavides, dejó siete presuntos miembros muertos, cinco capturados y al menos 12 heridos.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil M4, una pistola, ocho granadas artesanales y 946 cartuchos, entre otros elementos. Desde el 7 de agosto, el Gobierno reporta 14.914 capturas, 49.379 kilogramos de droga incautados, 1.485 armas retiradas de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas.
Los tres primeros bombardeos del mandato ocurrieron el 10 de agosto en Catatumbo, el 27 de agosto en Guaviare y el 30 de agosto en otra zona de ese departamento.