El Gobierno impulsa una nueva ley de Asilo y una reforma de la ley de Extranjería en plena crisis de Ceuta
El Gobierno ha impulsado este martes una nueva Ley de Asilo y una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería con el objetivo declarado de adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobado en 2024, tras la entrada masiva del 30 de julio en Ceuta que ha puesto a prueba algunos de los principales mecanismos de acogida, protección internacional, control fronterizo y retorno.
Las dos reformas, que se han rubricado como anteproyectos de ley, habían comenzado a prepararse antes de que estallara la crisis -según ha explicado la portavoz del Gobierno- y, por tanto, no son una respuesta legislativa a lo ocurrido en Ceuta, pero su tramitación coincide con un episodio que ha dejado al descubierto las dificultades prácticas y jurídicas para gestionar en poco tiempo la llegada de decenas de miles de personas y, especialmente, la situación de los menores y de quienes solicitan protección internacional.
Moncloa declara la situación de interés para la Seguridad Nacional
Además, el Gobierno ha aprobado un real decreto para declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. Según el borrador, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, contempla la activación de un mando único de coordinación bajo la figura de una «Autoridad Funcional», responsabilidad que el Ejecutivo ha decidido atribuir al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
En el documento, el Gobierno reconoce expresamente que la permanencia en Ceuta de un elevado número de migrantes en situación irregular ha alterado el funcionamiento normal de las administraciones públicas y ha superado sus capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana. Esta situación ha llevado al Ejecutivo a recurrir al mecanismo excepcional de coordinación previsto en la Ley de Seguridad Nacional.
El decreto diseña una estructura extraordinaria para centralizar la coordinación de la respuesta a la crisis, aunque preserva formalmente las competencias de cada Administración y las cadenas de mando existentes. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha quedado designado como la autoridad encargada de dirigir y coordinar los recursos movilizados, determinar las prioridades en su asignación, establecer objetivos comunes e impulsar las medidas necesarias para preservar los servicios esenciales de Ceuta.
El Ejecutivo también ha previsto que el Consejo de Seguridad Nacional asuma la dirección y coordinación de la gestión de la crisis y ha activado un Comité de Situación y una Célula de Coordinación permanente. En este dispositivo ha incluido a representantes de Interior, Defensa, Exteriores, Inclusión, Juventud e Infancia, Hacienda, Sanidad y otros departamentos, además del Gobierno de Ceuta, la Delegación del Gobierno, la Abogacía General del Estado, el Gabinete del presidente y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El decreto fija la vigencia de esta situación excepcional hasta el 31 de diciembre, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que el presidente del Gobierno acuerde su prórroga, modifique su alcance material o geográfico o determine su finalización anticipada, siempre previo informe del Consejo de Seguridad Nacional.
Para sostener este dispositivo, el Gobierno ha previsto movilizar capacidades de prácticamente toda la Administración del Estado. Defensa ha quedado llamado a aportar medios humanos, logísticos, sanitarios, de transporte, vigilancia, alojamiento, infraestructuras y comunicaciones, mientras que Interior ha concentrado las capacidades relacionadas con el control fronterizo, la seguridad ciudadana, el orden público, la identificación de extranjeros y la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. El decreto también incluye los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Ceuta y los refuerzos que puedan disponer las autoridades competentes.
El Ejecutivo ha identificado, además, una batería de instalaciones que podrán ponerse al servicio de la respuesta a la crisis. Entre ellas ha señalado varios terrenos dependientes del Ministerio de Defensa, como Loma Margarita, instalaciones de la Hípica, la nave de la antigua fábrica de harina, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería o espacios sin uso del acuartelamiento Coronel Fiscer. A estos recursos ha añadido instalaciones dependientes de la Ciudad de Ceuta, entre ellas el Hospital Militar y varios polideportivos.
El Gobierno también ha incorporado la dimensión exterior a la gestión de la crisis. El decreto ha asignado al Ministerio de Asuntos Exteriores los recursos destinados a la cooperación diplomática y consular con Marruecos y otros países, así como la coordinación con la Unión Europea y las organizaciones internacionales y el apoyo a los procedimientos de «identificación, documentación, readmisión y retorno» de migrantes.
Por último, Moncloa ha previsto centralizar también la estrategia informativa. Durante la vigencia de la declaración, la coordinación de la comunicación pública ha quedado encomendada a un Gabinete de Coordinación Informativa dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación y bajo la dirección de quien ejerza la Portavocía del Gobierno.