Las autonomías acorralan a Mónica García para que anule su Estatuto Marco
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute junto con sus homólogos del resto de comunidades autónomas han trasladado hoy al Ministerio de Sanidad un decálogo de posicionamiento común frente al anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
El documento, que cuenta con el respaldo y firma de las 17 comunidades autónomas, ha sido leído por el representante del País Vasco en el seno de la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad. Los puntos son los siguientes.
1. Necesidad de una reforma construida desde el consenso institucional
Las comunidades autónomas comparten la necesidad de actualizar el Estatuto Marco del personal estatutario para adaptarlo a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud y mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales. No obstante, la trascendencia de esta reforma exige que su elaboración se fundamente en amplios consensos institucionales y profesionales que garanticen su viabilidad y sostenibilidad futura.
2. Papel esencial de las comunidades autónomas en el Sistema Nacional de Salud
Las comunidades autónomas constituyen el núcleo operativo del Sistema Nacional de Salud. Son las administraciones responsables de la organización, gestión y prestación efectiva de la asistencia sanitaria, así como de la gestión de los recursos humanos que hacen posible dicha prestación. Asimismo, son quienes asumen materialmente el impacto organizativo, presupuestario y asistencial derivado de cualquier modificación del régimen jurídico del personal estatutario.
Por ello, la viabilidad de cualquier reforma básica debe valorarse necesariamente desde la perspectiva de su aplicación efectiva por parte de las administraciones gestoras, y en particular de las correspondientes competencias de cada administración.
3. Insuficiente participación de los órganos de coordinación interadministrativa
Las comunidades autónomas consideran que el proceso seguido para la elaboración de las últimas versiones del Anteproyecto no ha incorporado de forma suficiente los mecanismos ordinarios de coordinación previstos en el Sistema Nacional de Salud.
Resulta especialmente significativo que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, órgano llamado a desempeñar un papel central en la definición de las políticas comunes de recursos humanos, no haya participado con la intensidad que una reforma de esta naturaleza requería, sobre todo en la última reforma operada en el texto.
4. Alteración de la metodología tradicional de trabajo del Sistema Nacional de Salud
La experiencia acumulada en la elaboración de las principales normas de recursos humanos sanitarios ha demostrado la eficacia de una metodología basada en la cooperación institucional, el análisis técnico previo y la búsqueda de consensos en el seno de la Comisión de Recursos Humanos y de sus grupos de trabajo especializados.
Así ocurrió durante la aprobación de la Ley 55/2003, del régimen jurídico de la relación laboral especial de residencia o en los procesos extraordinarios de estabilización del empleo temporal desarrollados en los últimos años.
5. Necesidad de una evaluación previa de la viabilidad organizativa
Las modificaciones de mayor impacto organizativo incorporadas en la fase final de la negociación no parecen haber estado precedidas de una evaluación técnica suficiente de sus consecuencias sobre la organización de los servicios de salud.
Las decisiones relativas a jornada, descansos, guardias, clasificación profesional, retribuciones complementarias, dedicación o planificación de efectivos requieren necesariamente un análisis previo de su repercusión sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los distintos servicios de salud.
6. Riesgo de desequilibrio entre derechos profesionales y sostenibilidad del sistema
Las comunidades autónomas comparten el objetivo de mejorar los derechos y condiciones laborales del personal estatutario de los servicios de salud. En este sentido, la experiencia de más de veinte años de aplicación del Estatuto Marco demuestra que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud descansa sobre un equilibro complejo entre los derechos profesionales, la capacidad organizativa de los servicios de salud y la garantía permanente de la atención sanitaria a la ciudadanía.
La ruptura de dicho equilibrio puede generar dificultades de aplicación práctica, incrementar la conflictividad jurídica y comprometer la adecuada prestación de la asistencia sanitaria.
7. Necesidad de integrar la perspectiva de las administraciones empleadoras
Las últimas modificaciones incorporadas al texto parecen responder fundamentalmente al resultado de la negociación desarrollada en el ámbito sindical, sin que conste una valoración equivalente de sus implicaciones sobre la gestión ordinaria de los servicios de salud.
La configuración de nuevos derechos debe venir acompañada de un análisis paralelo de su viabilidad operativa, de las necesidades de personal que genera y de los recursos económicos precisos para su efectiva implantación.
8. Recuperación del grupo de trabajo de actualización del Estatuto Marco
Las comunidades autónomas consideran oportuno que el texto sea nuevamente sometido al grupo de trabajo de actualización del Estatuto Marco constituido en 2023 por mandato de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Dicho grupo continúa formalmente vigente y constituye el foro técnico más adecuado para culminar los trabajos de revisión del Estatuto Marco desde una perspectiva compartida por todas las administraciones que integran el Sistema Nacional de Salud.
9. Reafirmación del principio de lealtad institucional
La gobernanza del Sistema Nacional de Salud debe sustentarse en los principios de cooperación, colaboración y lealtad institucional entre todas las administraciones públicas implicadas.
Las comunidades autónomas reiteran su plena disposición a participar activamente en un proceso de elaboración normativa basado en el trabajo conjunto y en la construcción de soluciones compartidas que permitan alcanzar el mayor grado posible de consenso institucional y profesional.
10. Exigencia de una memoria económica rigurosa y de una financiación adecuada
La aprobación de una reforma de esta magnitud exige disponer de una memoria económica completa, rigurosa y contrastada que identifique adecuadamente los costes asociados a cada una de las medidas propuestas.
Las comunidades autónomas manifiestan su disposición a colaborar en dicha evaluación y consideran imprescindible que la definición final del texto incorpore una valoración realista de sus efectos presupuestarios, con participación de los órganos competentes en materia de financiación pública.
La conclusión es que las observaciones formuladas responden a una voluntad de colaboración institucional y de mejora de la futura norma. "El objetivo compartido debe ser la aprobación de un Estatuto Marco capaz de avanzar en la protección de los derechos del personal estatutario de los servicios de salud sin comprometer la sostenibilidad organizativa, financiera y asistencial del SNS", señala el texto.
"El éxito de la reforma dependerá, en última instancia, de su capacidad para conciliar la legitima ampliación de derechos laborales con la realidad operativa de unos servicios de salud que deben garantizar la atención sanitaria de forma ininterrumpida, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y en la totalidad del territorio nacional", afirman, y terminan diciendo que "este decálogo ha sido suscrito por la totalidad de las personas titulares de los órganos directivos (Direcciones Generales) de las Comunidades Autónomas responsables de la gestión del conjunto de profesionales estatutarios".