Cambio en concesiones: ¿En qué consiste el plan de alianzas público privadas y qué sigue tras decisión de retrotraer proyecto?

El proyecto de ley que transformaría los procesos de concesión del país recibió primer debate este lunes; sin embargo, el texto aprobado no sería el definitivo, pues los legisladores echarán mano de un mecanismo extraordinario para realizar modificaciones, a pesar de que ya se encuentra en el plenario.

El expediente 24.009, denominado Ley Marco de las Asociaciones Público Privadas, dictaminado durante la Administración anterior, tenía como principal cambio la sustitución del Consejo Nacional de Concesiones, donde actualmente se analizan, ejecutan y supervisan los proyectos de concesión, por una Agencia Nacional de Asociaciones Público-Privadas (ANAPP).

Además, amplía el enfoque hacia alianzas público-privadas más flexibles, con participación privada en distintas etapas de desarrollo y operación de infraestructura o servicios públicos.

El texto define la conformación y funciones de esa agencia; así como sus fuentes de financiamiento.

Adicionalmente, establece que los proyectos podrían originarse por iniciativa estatal o iniciativa privada. En todos los casos deberán cumplir con las etapas de ciclo de vida establecidos, que van desde la preinversión, donde se incluyen el perfil, prefactibilidad y factibilidad de los proyectos, hasta las etapas de operación.

La iniciativa aclara que quedan fuera del modelo de apps, los permisos, licencias o autorizaciones para concesiones de energía y telecomunicaciones.

Asimismo, fija la condición de que los pagos al contratista estén asociados a criterios de desempeño y mantiene el plazo máximo para los proyectos de 50 años y un plazo mínimo de cinco años.

Contempla dos modalidades de estructuración de los contratos: concesional o de gestoría, pero además podrían definirse otras, vía reglamento.

Cambios en plenario

El proyecto recibió primer debate este lunes con una particularidad, pues en la legislatura anterior se había agotado el plazo de dos días para el trámite de mociones de fondo vía artículo 137. Por esta razón, los diputados echarían mano del artículo 148 bis del reglamento legislativo, que permite retrotraer el proyecto al primer debate, y convertir el plenario en comisión, donde los legisladores de todas las bancadas podrían presentar las modificaciones por el fondo.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, explicó que esta posibilidad de realizar modificaciones fue acordada durante la reunión de jefaturas de fracción.

“La intención no es llenarlo de mociones, la intención, sobre todo, es intentar negociar cuáles son las reformas necesarias, precisar los temas concretos que han planteado también la Contraloría y el propio Ministerio de Planificación y que entonces sean esas mociones que eventualmente se aprueben”, afirmó.

De acuerdo con el legislador, en el caso de su bancada, las principales preocupaciones tienen que ver con el tema de gobernanza, pues consideran que la junta directiva de la nueva agencia que se crearía, debería tener un rol más técnico y menos político.

Otros aspectos, dijo, estarían asociados con observaciones que también realizó la Contraloría, específicamente en la aplicación de principios de contratación administrativa para garantizar transparencia en los procesos.

“Bajo un esquema de gobernanza que sustituye el que había, porque el que había (CNC) evidentemente no ha funcionado, nos gustaría que haya más participación de funciones de órganos que actualmente le den más equilibrio, que no haya una concentración excesiva de representantes políticos del Gobierno.

Por su parte, el jefe de la bancada del Frente Amplio, José María Villalta, señaló que el texto presenta “debilidades e inconstitucionalidades”.

“Están creando un nuevo ente público, pero sin seguir el procedimiento para crearlo. El proyecto nació como una propuesta para crear un órgano en Mideplán y al final salió un ornitorrinco jurídico que es, en realidad, una nueva institución autónoma”, afirmó.

Villalta dijo que el proyecto no tiene los estudios, criterios, ni la mayoría calificada para crear una nueva institución autónoma.

A su criterio, se está creando la agencia como un ente público no estatal para no cumplir con la mayoría calificada, pero se está poniendo a funcionarios públicos en ese ente, que se regiría por el derecho privado.

Además, cuestionó que se le asigne un presupuesto de más de ¢3.500 millones sin fiscalización de la Contraloría, además dijo que los esquemas de concesiones que se proponen no resguardan el interés público.

El oficialista, José Miguel Villalobos, también sostuvo que algunos aspectos pueden ser corregidos incluso mediante reglamentación.

Entre las interpretaciones que apuntó durante su intervención, señaló que algunas actividades no deberían ser propensas a someterse a la figura de APP, por ejemplo las relacionadas con la seguridad y vigilancia en los centros penitenciarios.

El exdiputado independiente, Diego Vargas, quien fue el creador del proyecto de ley, aseguró que los legisladores actuales no se han leído a fondo el proyecto y defendió el texto presentado.

Vargas sostuvo, en relación con la agencia, que se está creando un ente público nacional con respaldo en el ordenamiento jurídico, similar a Procomer, con más agilidad, por lo que negó los cuestionamientos relacionados con la gobernanza.

Además, dijo que el proyecto incorpora diversos mecanismos de control y supervisión que garantizan transparencia y tutela del interés público.

“Más bien se le está dando agilidad al proceso de gestión de proyectos, porque está creando una figura que permitiría una maduración exitosa de previo, donde una institución pública y un privado se pueden poner de acuerdo para repartir el riesgo”, explicó.

La intención, sostuvo, es que la agencia genere un portafolio de proyectos que puedan irse madurando, e incluso contempla la participación de municipalidades en los procesos.

Vargas agregó que actualmente el CNC, al ser un órgano adscrito al MOPT, “solo le trabaja” a ese ministerio, por lo que el nuevo mecanismo permitiría diversificar proyectos de otras áreas como educación y salud.

De lograr completar el trámite para retrotraer el proyecto y completar las mociones mediante ese mecanismo, la iniciativa quedaría lista únicamente para ser votada en segundo debate.