Fujimorismo redobla baterías para la impunidad
El Congreso ha dado un paso de gravedad jurídica. La aprobación del predictamen impulsado por el fujimorismo desde la Comisión de Constitución abre la puerta a una operación orientada a favorecer la impunidad de militares procesados por violaciones de derechos humanos y a restringir futuras responsabilidades estatales en casos de represión.
La iniciativa constituye la continuación directa de la Ley N.° 32107, aprobada el 9 de agosto de 2024 por el actual bloque parlamentario dominado por el fujimorismo y sus aliados, que estableció un límite temporal para la persecución de crímenes internacionales, disponiendo que los delitos de lesa humanidad solo puedan aplicarse a hechos cometidos después del 1 de julio de 2002.
El objetivo político en ese entonces resultó claro y fue denunciado desde estas páginas editoriales. El pacto corrupto busca, desde el comienzo, excluir de responsabilidad penal casos emblemáticos vinculados al conflicto armado interno y abrir espacios de impunidad para graves violaciones de derechos humanos cometidas antes de esa fecha.
Ahora el Congreso busca avanzar un paso más. La nueva ofensiva apunta directamente al Código Penal. Allí reside la verdadera dimensión de esta operación. La Ley 32107 funcionaba como una norma especial susceptible de cuestionamientos constitucionales y control judicial. El Código Penal, en cambio, constituye la estructura principal sobre la cual se organiza todo el sistema penal peruano. Por eso el fujimorismo redobla baterías sobre ese terreno.
No obstante, la congresista Ruth Luque ha denunciado también otra intención. El predictamen además restringe los supuestos de aplicación del delito de lesa humanidad frente a los estándares internacionales y forma parte de una agenda orientada a extender impunidad incluso sobre casos recientes, incluidas las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte.
El principal operador de esta nueva etapa es Fernando Rospigliosi, convertido hoy en uno de los articuladores más agresivos de la ofensiva contra el sistema de justicia. Su actuación se complementa con ataques al Ministerio Público, presión sobre jueces, debilitamiento de organismos autónomos e intentos de captura institucional desde el Congreso.
En corto, la maniobra consiste en incorporar expresamente el delito de lesa humanidad al Código Penal peruano, pero restringiendo sus alcances respecto de lo establecido por el Estatuto de Roma. Al mismo estilo de las peores dictaduras, bajo apariencia técnica y con argucias jurídicas sostenidas solamente por la fuerza del copamiento institucional, el proyecto intenta consolidar un argumento funcional a la impunidad fujimorista.