Desde Challapalca, Lucio Moreno (a) Viejo, dirigía extorsiones a transportistas
En un sorpresivo operativo ejecutado en diversos puntos del país, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), en coordinación con la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, capturaron a 15 integrantes de la organización delincuencial conocida como 'Los Despiadados II', investigados por los delitos de extorsión y sicariato.
Los detenidos deberán responder también por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada contra transportistas en el norte de Lima.
Lucio Moreno Jaque, alias Viejo o Pirata, cabecilla de esta red criminal y actualmente privado de la libertad, era quien dirigía las acciones desde el penal de Challapalca, según lo confirmó el fiscal superior y coordinador nacional de las FECCOR, Jorge Chávez Cotrina.
Moreno está preso en dicho presidio de máxima seguridad tras ser trasladado desde el penal Ancón II, donde fue descubierto planificando y coordinando extorsiones a transportistas, vía telefónica.
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Se trata de un ranqueado delincuente que fue detenido en el 2004 por el secuestro de la empresaria Josefina Jacinto Díaz, dueña de la cadena de restaurantes Chepita Royal
La investigación para desarticular a Los Despiadados II tardó ocho meses y permitió establecer que la banda utilizaba distintas modalidades.
Chávez Cotrina confirmó que al lugarteniente de la banda, Ángel Rosales Guzmán, se le encontraron declaraciones juradas firmadas notarialmente por trabajadores y colectiveros informales de servicio público, donde declaran que no han sido coaccionados, extorsionados ni obligados a realizar pagos o cupos.
También se les hizo firmar para que aseguren que jamás han sido víctimas de conspiración de sicariato y otro delito por parte de Ángel Rosales.
Así fue como la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 2), a cargo de la fiscal provincial Elena Mayuri Bocanegra, logró la detención preliminar judicial de 15 miembros de esta organización criminal.
En total se ejecutó el allanamiento de 22 inmuebles y la requisa de una celda en el penal de Juliaca (Puno), así como la incautación de celulares, dispositivos electrónicos, declaraciones juradas y documentación que vincula a la red con dichos ilícitos.
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Según la tesis fiscal, la red operaba desde mediados de 2023 y cobraba cupos diarios de S/10 y S/20 a conductores de colectivos y buses interprovinciales, respectivamente. Asimismo, recaudaban entre S/1.700 y S/2.000 mediante amenazas en las rutas de Lima hacia Chancay, Huaral, Huacho y Barranca, lo que les permitió recaudar, anualmente, S/1'800.000 (casi dos millones de soles).
El caso implica también el asesinato de un sujeto que habría pertenecido a otra red criminal, en julio de 2025, como parte de una pugna por el control del paradero Fundición, en la Panamericana Norte, en Puente Piedra.