Del ‘Estado tranca’ a la modernización: retos para reducir la burocracia en Bolivia
A fines del mes pasado, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5595 como primer paso hacia la optimización administrativa del Estado, dando inicio al Programa Tranca Cero. Esta iniciativa busca modernizar la gestión pública, fortalecer la institucionalidad y avanzar hacia un modelo más ágil, digital y eficiente, desmontando una estructura burocrática que durante años ha limitado el desarrollo económico.
La burocracia, descrita por Pío Baroja como un sistema que “veja al público”, sigue siendo una realidad vigente en muchos países de la región. El denominado “Estado tranca”, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, representa una pérdida cercana al 6% del Producto Interno Bruto boliviano. El Gobierno ha reconocido esta ineficiencia y plantea no administrarla, sino desmantelarla con apoyo técnico y financiero internacional, en coordinación con distintas instancias del sector público.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. El Índice de Burocracia 2025 señala que abrir una empresa en Bolivia puede tomar entre 25 y 85 días, mientras que en Brasil el proceso se completa en unos 10 días. Este dato ilustra el verdadero viacrucis que enfrenta el empresario boliviano que busca formalizarse. Asimismo, las empresas bolivianas destinan cerca de 1.796 horas anuales —equivalentes a 225 jornadas laborales— a trámites administrativos, como la renovación de matrícula de comercio, visados laborales y el pago de impuestos, frente a poco más de 400 horas en Uruguay, lo que refleja una brecha significativa en eficiencia.
Este exceso de trámites y regulaciones se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del país. No solo genera demoras innecesarias, sino que también fomenta la corrupción, desalienta la inversión privada y limita la formalización de nuevas iniciativas empresariales, afectando tanto a grandes empresas como a pequeños emprendimientos.
La burocracia no depende únicamente de los funcionarios públicos, sino también de mecanismos administrativos como formularios, sellos y requisitos formales que refuerzan esta cultura burocrática. Un trámite sin sello oficial carece de validez, aun cuando su contenido sea correcto, convirtiendo estos elementos en símbolos de control y poder dentro del sistema.
A ello se suma la exigencia de copias legalizadas, certificaciones y gestiones presenciales, que consolidan la percepción de que la intervención estatal es indispensable, aunque en la práctica ralentice los procesos y genere mayores costos para los ciudadanos.
Un ejemplo claro es el registro de una propiedad inmueble, que exige pasar por múltiples instancias como Derechos Reales, alcaldías, notarías y oficinas tributarias, reflejando la complejidad innecesaria del sistema y la duplicidad de procedimientos.
La persistencia de la burocracia no responde solo a la inercia institucional, sino también a intereses creados que se benefician directamente de estas trabas, lo que dificulta su eliminación. Además, implica costos adicionales —copias certificadas, legalizaciones y servicios legales— y prolonga trámites que podrían resolverse en horas, pero que terminan demorando semanas o meses. Incluso abre espacios para pagos extraoficiales destinados a acelerar procesos, afectando la transparencia.
En este contexto, el sector empresarial mantiene la expectativa de que el Programa Tranca Cero logre reducir de manera efectiva la burocracia y marque el inicio de una transformación hacia un Estado más eficiente, transparente y orientado al servicio de los ciudadanos, promoviendo así un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento sostenible.
(*) Rolando Kempff Bacigalupo es presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP).
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