Rodrigo Bustos a tres años de la ley Naín-Retamal: «El Estado debe rendir cuentas claras cuando se trata del uso de la fuerza letal»

A tres años de la promulgación de la Ley Naín-Retamal, desde Amnistía Internacional Chile advierten que persisten problemas estructurales en su aplicación y que las preocupaciones planteadas durante su tramitación se han confirmado con el tiempo. Así lo señaló el director ejecutivo del organismo, Rodrigo Bustos, quien sostuvo que la normativa ha generado incertidumbre jurídica y dificultades para evaluar su impacto real.

“Hoy, 10 de abril, se cumplen tres años desde que se publicó en el Diario Oficial la denominada Ley Naín-Retamal”, recordó Bustos durante la primera edición de Radioanálisis, subrayando que la legislación fue aprobada de manera acelerada en un contexto de conmoción por asesinatos de funcionarios policiales. En ese escenario, afirmó, no se consideraron adecuadamente las advertencias de organismos especializados en derechos humanos.

Según explicó Bustos, uno de los principales efectos de la ley es la modificación del estándar de evaluación del uso de la fuerza letal. “Lo que hace esta ley es, de alguna forma, invertir la carga de la prueba. Si una persona utiliza fuerza letal y eso termina con la muerte de otra persona, en general lo que ocurre es que se tiene que demostrar la legítima defensa en esa actuación. Aquí no: aquí son la fiscalía y la víctima que murió quienes tienen que demostrar que el uso de la fuerza fue equivocado”, señaló.

A juicio del abogado, la falta de criterios claros ha generado fallos judiciales dispares en situaciones similares. “En algunos casos, los tribunales exigen demostrar que había un ataque ilegítimo al funcionario policial para que él use la fuerza, y en otros casos no exige eso”, advirtió, lo que a su juicio produce “incertezas jurídicas” que contradicen el objetivo inicial de la normativa.

Otro de los puntos críticos, indicó, es la falta de información pública suficiente para evaluar los resultados de la ley. “Una ley que tiene un impacto tan importante como esta debería poder ser monitoreada con transparencia por parte del Estado”, sostuvo, agregando que aún no existen datos concluyentes sobre si la normativa ha contribuido efectivamente a reducir la muerte de funcionarios policiales.

En ese sentido, Bustos cuestionó las dificultades para acceder a información detallada sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales. “Hemos solicitado información a Carabineros, a la PDI, a Gendarmería, y Carabineros nos ha enviado información respecto de los funcionarios fallecidos sin especificar cuestiones tan clave como si estaban o no en servicio”, afirmó.

El director de Amnistía Internacional también advirtió sobre los efectos retroactivos que ha tenido la ley en casos judiciales relacionados con el estallido social. “Cuando se establece un beneficio para esa persona en términos penales, procesales, esa regla se puede aplicar retroactivamente”, explicó, lo que permite que la normativa se utilice en causas anteriores a su promulgación.

En ese contexto, sostuvo que el impacto de la ley podría profundizar los problemas de impunidad ya existentes. “Hemos tenido menos de un 2% de sentencias respecto de las más de 11 mil denuncias que se realizaron, y con la aplicación de la Ley Naín-Retamal ese número disminuye aún más”, afirmó.

Durante la entrevista, Bustos también se refirió al inicio del nuevo gobierno y manifestó preocupación por señales que, a su juicio, representan retrocesos en materia de derechos humanos. “En el primer mes de gobierno vimos un conjunto de medidas regresivas en materia de medioambiente, de género y de derechos humanos”, señaló.

Entre ellas, la posibilidad de indultos en casos de violaciones a los derechos humanos y cambios en políticas de memoria histórica. “Que hoy el gobierno se plantee que va a revisar uno a uno las sentencias condenatorias para dejar impunes a quienes fueron condenados por nuestro sistema judicial nos parece extremadamente grave”, sostuvo.

Finalmente, el representante de Amnistía Internacional insistió en la necesidad de contar con información clara y reglas jurídicas precisas para evaluar el uso de la fuerza por parte del Estado. “El Estado debiera rendir cuentas claras cuando se trata del uso de la fuerza, más aún si es uso de la fuerza letal”, concluyó.

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