Tras agresión a ministra Lincolao: Sedini no descarta retirar beneficios a estudiantes involucrados

A un día de la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, surgieron diversas reacciones desde el mundo político y el Gobierno, luego del incidente ocurrido durante una manifestación estudiantil en el campus Isla Teja, en Valdivia.

Cabe recordar que al momento de abandonar el lugar, Lincolao fue escoltada por un equipo de seguridad y sus asesores, pero durante el trayecto hacia el vehículo oficial fue increpada por un grupo de jóvenes, quienes le gritaron y propinaron empujones.

Desde La Moneda, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, condenó la agresión y calificó el hecho como una “encerrona violenta” contra la autoridad. “Ayer todos fuimos testigos, a través de imágenes que impactaron a todo el país, del violento ataque que recibió la ministra Ximena Lincolao. Esto se trata de una acción cobarde y profundamente inaceptable”, afirmó.

“Esto no fue una manifestación legítima”, agregó la vocera y sostuvo que el episodio abre un debate sobre eventuales sanciones para quienes participen en hechos de violencia. En esa línea, indicó que “las personas que ejercen violencia no debiesen seguir recibiendo beneficios del Estado”.

Según Sedini, el Ejecutivo avanzará en indicaciones legislativas junto con el proyecto «Escuelas Protegidas» para reforzar la seguridad en los establecimientos. “Acá la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público”, declaró.

“Vamos a avanzar en más indicaciones” para impedir que estudiantes involucrados en hechos de violencia accedan a beneficios estatales, aseguró Sedini.

Horas antes, la ministra de Educación, María Paz Arzola, llamó a una condena transversal. “Lo que ocurrió ayer en la Universidad Austral es inaceptable, no se puede repetir, y nosotros esperamos tener apoyo de los rectores para evitar situaciones como esta en el futuro”, sostuvo.

“Ni autoridades de gobierno, ni autoridades universitarias, ni estudiantes, nadie, puede verse agredido en el espacio educativo”, sumó la secretaria de Estado.

Desde el Congreso, el diputado socialista por la Región de Los Ríos, Marcos Ilabaca, también condenó los hecho, pero diferenció entre el derecho a manifestarse y la violencia: “Es importante separar dos hechos que me parecen absolutamente diferentes. Uno es el legítimo derecho que tienen los estudiantes a manifestarse (…) pero cosa absolutamente diferente son los actos de violentistas que son capaces de agredir, no solamente a una autoridad, sino que a cualquier persona”.

El parlamentario agregó que “todo chileno tiene el legítimo derecho a protestar y a manifestarse de manera respetuosa, pero cuando cruzamos ese límite, claramente entramos en un camino que nos puede llevar a más violencia”.

A estas reacciones se sumó la diputada de la UDI, Flor Weisse, quien anunció la presentación de un proyecto para endurecer sanciones contra estudiantes involucrados en hechos de violencia.  En esa línea, la parlamentaria explicó que la iniciativa buscará excluir de beneficios estatales a quienes participen en estos episodios.

“Nosotros vamos a presentar un nuevo proyecto en donde también esta exclusión del sistema de beneficios, becas o gratuidad en la educación superior sea incorporada como una norma para quienes cometen estos actos de vandalismo”, sostuvo.

Weisse planteó que las sanciones deben ser más estrictas para evitar la repetición de estos hechos. “No hay espacio para ser blandos ni flexibles en esto. Ahora, si el Gobierno incorpora indicaciones en este sentido al proyecto, seríamos coincidentes en lo que estamos buscando”, señaló.

En ese sentido, subrayó que “los espacios para manifestarse están y deben utilizarse de la manera que corresponde en una democracia, jamás con la violencia”.

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