El PSOE de Castilla y León exige a Mañueco el cese del presidente de la Diputación de Burgos, que presuntamente cobró en B de su empresa

El PSOE de Castilla y León ha exigido este miércoles al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, el cese del concejal en el Ayuntamiento de Burgos, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez, tras conocer la información de elDiario.es sobre los presuntos cobros en B de los que le acusan dos de sus exsocios en la empresa Eventos El Espino SL.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa asegura que en este momento la situación de Borja Suárez “a efectos institucionales y políticos” es “insostenible” y que no puede pasar “ni un día más” al frente de la Diputación de Burgos ni como presidente del Partido Popular de Burgos. Según De la Rosa, debería dejar su acta de concejal y como consecuencia no podría tener el acta de diputado provincial que le permite presidir la Diputación. “Si no lo deja, debe ser el Partido Popular quien exija su cese. Y la persona que tiene que ejercer esa responsabilidad es el señor Mañueco, que es el presidente del Partido Popular de Castilla y León”, ha explicado a elDiario.es.

El mensaje que traslada De la Rosa desde la ejecutiva autonómica del PSOE es que es “inaudito” que reconociendo en un Pleno que mantiene las acciones por encima del porcentaje legal de una empresa con la que ha contratado el Ayuntamiento y entidades participadas como Proburgos, y “reconociendo él mismo que es ilegal” no haya dimitido.

De la Rosa también se ha referido a los presuntos cobros en B de Borja Suárez de los que le acusan sus exsocios. “El señor Borja Suárez mientras es presidente del PP, concejal y diputado provincial, es un empresario que se ha llevado, digamos, supuestos ingresos en una caja B”. La situación dice, “es inadmisible”, por lo que exige su “cese inmediato”.

El PSOE va a poner en marcha toda su maquinaria para forzar ese cese. Tanto la secretaria general del PSOE de Burgos, Ester Peña, como el secretario del PSOE local, José Temiño, estudiarán qué iniciativas poner en marcha en Diputación y Ayuntamiento para exigir “a todos los niveles” ese cese.

En una extensa investigación este diario publicó primero que Suárez en su declaración de bienes en el Ayuntamiento de Burgos reflejó tener un 22% de acciones de la mercantil y que a pesar de ello la empresa había recibido numerosos contratos municipales cuando la ley lo prohibe. Suárez declaró tener ese 22% -la ley permite hasta un 10%- y no modificó esa declaración cuando recompró acciones y llegó al 33%, como reconoció a elDiario.es. La normativa contempla que debería haber elegido entre el acta de concejal y la empresa, pero eso nunca ocurrió. Pero nada de esto ha tenido consecuencias hasta el momento, de hecho, en un informe solicitado por Suárez al secretario del Ayuntamiento, se reconoce que los contratos son nulos pero se sugire elaborar un “protocolo” para que esto no vuelva a ocurrir.

Aunque Suárez asegura que “nunca” ha cobrado de la empresa que fundó hace casi dos décadas, sus exsocios dicen lo contrario, que cobró en B.