El Gobierno se niega a explicar el coste de un inmigrante en un centro de acogida

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de indicar el coste de una plaza de alojamiento de un inmigrante en los centros de acogida ante los requerimientos del Parlamento Europeo.

Así lo recoge el informe final de la misión de la Comisión de Peticiones a Canarias, realizado tras su visita en septiembre de 2025.Aunque la Eurocámara asegura que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó datos globales de los gastos y la financiación, el representante de Sánchez en la visita ni siquiera explicó el coste individual por inmigrante.

Tal y como señala el informe, el funcionamiento del centro de acogida «Las Raíces», ubicado en La Laguna (Tenerife), cuesta alrededor de 20 millones de euros anuales, financiados a través de una «compleja concertación basada en acciones y gestionados por la empresa pública Tragsa». No obstante, las renovaciones del centro se financian a través de fondos europeos con un préstamo de 24 millones de euros.

Pero la Eurocámara advierte de que de los 560 millones de euros que Bruselas otorgó a España el año pasado, Canarias no ha recibido ninguno de esos fondos e, incluso, tuvieron que asignar 192 millones de su propio presupuesto regional para gestionar la situación, lo que a su juicio, es una falta de apoyo del Gobierno central.

El objetivo de la ruta era «comprender la situación sobre el terreno (Canarias) y encontrar formas de hacer que los sistemas de asilo y migración de los Estados miembros de la Unión sean justos, eficientes y que, además, estén bien preparados».

Así, la delegación europea constató, en primer plano, cómo funcionaban algunos centros de acogida en Canarias, considerada, además como uno de los principales puntos de entrada de la inmigración irregular a la Unión Europea (UE), cuya ruta se ha convertido en «una de las más peligrosas del mundo». De hecho, El Hierro es la isla más alejada del continente africano y en la que se registra el mayor número de llegadas irregulares.

El informe subraya que en Canarias hay 6.500 plazas de alojamiento para migrantes (de un total de 54.000 en toda España), sumando las plazas de protección humanitaria e internacional. Y que, en concreto, el centro «Las Raíces» tiene capacidad para 4.032 personas (ha llegado a albergar a 4.000).

El centro funciona como punto de acogida temporal para migrantes recién llegados antes de su traslado a la península. Ahora bien, aquel inmigrante que se encuentre en una situación humanitaria y no solicite protección internacional debe abandonar el sistema de acogida en el plazo de seis meses.

La falta de transparencia del Ejecutivo sobre los costes se produce en un contexto de elevada presión migratoria en Canarias en los últimos años. Según la Eurocámara, el archipiélago se enfrenta a un «número desproporcionado de llegadas de migrantes irregulares».

De hecho, el 65% de los menores no acompañados que llegan a España/Europa desembarcan en Canarias. Sólo hasta el 31 de agosto del año pasado llegaron a la región 201 embarcaciones. De ellas, 55 procedían de Marruecos, 124 de Mauritania, 12 de Senegal, 3 de Gambia, 1 de Costa de Marfil, 2 de Conakri y otra de Mali.

[[H2:Críticas a la regularización]

Con todos los datos, la Eurocámara advierte de que la situación sigue siendo “compleja” y exige una respuesta coordinada, no unilateral como ya ejecutó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de enero con la regularización masiva de extranjeros.

En este sentido, el informe afirma que la migración irregular no puede abordarse como un problema exclusivo de España, sino que constituye un «desafío» para toda la UE porque puede «generar tensión y erosionar la cohesión social».

El Parlamento Europeo también critica que la regularización masiva es una medida que impulsa un «efecto llamada, fomentado por decisiones políticas que da lugar a inseguridad en las calles».

Así, recuerda, que las políticas de inmigración que cada Estado miembro adopte deben respetar el Pacto sobre Migración y Asilo europeo para no causar efectos «negativos» en todo el espacio Shchengen. «Deben respetar los principios de cooperación leal y confianza mutua», expone a la par que propone establecer un mecanismo de supervisión para evaluar su aplicación.

El informe asegura también que hay que «controlar la afluencia» de llegadas porque no existe «un control claro de la circulación de inmigrantes» y reforzar la protección de las fronteras para «salvar vidas». Según explica, por un lado, no hay estadísticas de cuántas personas llegan a destino y cuántas mueren durante el viaje y, por otro lado, se han intensificado las redes ilícitas de trata.

En este sentido, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) asegura que los controles de seguridad son «fundamentales» y que, aunque la migración es «importante», es «esencial» intentar desmantelar las organizaciones delictivas que están detrás de la migración irregular.

La Agencia se ha comprometido, de hecho, a que está «dispuesta» a ampliar su apoyo, si así se solicita, incluso a proporcionar recursos, pero que el Gobierno español no ha solicitado ningún activo adicional, pese a que «Frontex los ha ofrecido».

De la misma manera, la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) asegura que está prestando apoyo a los ministerios que han solicitado ayuda, pero que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando-Grande Marlaska, «no ha solicitado el apoyo de la AAUE».

Entre otros asuntos manifestados por la Eurocámara, el informe explica que es «preocupante» el caso de los menores no acompañados porque resulta «difícil» identificarlos entre las llegadas.

Según dice, las evaluaciones iniciales de la policía son, a menudo, inexactas, y esto provoca que a algunos se les asigne erróneamente a centros equivocados antes de que se confirme su edad.

«De aproximadamente 1.500 menores, cuya edad no estaba clara y que fueron sometidos a procedimientos de evaluación de la edad, alrededor de [[LINK:INTERNO|||Article|||69c6ca596c6e170007316f96|||la mitad de ellos fueron finalmente considerados adultos»,]] apunta.

Por último, concluye que, al margen de reforzar los mecanismos para detectar fraude documental en la edad, sería recomendable elaborar «estadísticas sobre delincuencia en relación con el origen de los sospechosos». Se trata de medidas, explican, para garantizar la seguridad en todo el espacio Schengen.