Así funciona el blanqueo en España: entre las criptomonedas y la dificultad

Aunque hay a quien pueda sorprenderle, los expertos en delitos económicos de nuestro país coincide, sin excepción, en que no es nada fácil blanquear capitales en España.

El letrado y socio director de Fuster-Fabra Abogados, Juan Carlos Velasco, explica a LA RAZÓN que no se debe pensar que esta es «una actividad fácil ni accesible» porque, en realidad, se trata de un «delito complejo que requiere de planificación, medios y, habitualmente, de una estructura organizada.

En la misma línea se pronuncia el conocido penalista Juan Gonzalo Ospina, que recuerda a este diario que existen «bastantes trabas económicas y de las propias entidades financieras» que complican muy mucho el blanqueo. A modo de ejemplo, señala que si un usuario lleva a cabo un ingreso que puede parecer «irregular o injustificado», los bancos son los primeros que proceden a bloquear las cuentas implicadas en la operación.

Otra cuestión, matiza, es que sí que pueda existir compañías que se presten a ofrecer dinero bancarizado, a cambio de efectivo, pero esto tiene un coste económico que se materializa en tener que hacer frente a impuestos como el IVA o el de Sociedades.

Por su parte, Francisco Jiménez, abogado del despacho Zaballos, confiesa a este periódico que siempre «es más fácil blanquear capitales desde España que en España», puesto que nuestra normativa en materia de prevención –basada en la directiva europea de 2015, con sus posteriores modificaciones– «complica» el poder llevar a cabo esta operativa.

Dado que los bancos tienen impuestos unos «mecanismos de control» y también por la vigilancia «del efectivo que hay, de los movimientos y de los pagos en metálico, que están limitados y que cada vez menos gente y empresas lo aceptan».

Sin olvidar los propios «controles tributarios de los sistemas de información» que operan a pleno rendimiento en una Agencia Tributaria que usa herramientas sofisticadas de Inteligencia Artificial que controlan cualquier movimiento de dinero que se dé.

En lo relativo a las criptomonedas, Jiménez apunta al paso fundamental que resulta el reglamento MiCA, que entró en vigor recientemente, y obliga ya a todos los operadores, hasta las tiendas de barrio que las venden, a notificar a Hacienda todos los movimientos, identificando a los usuarios que lo lleven a cabo.

Pero todo esto no quiere decir que desde territorio nacional no se envíe dinero fuera y en otros países sí que se pueda llevar a cabo de una manera mucho más fácil. Sobre todo fuera de la UE.

Jesús Ruiz Ballesteros, del bufete fiscalista marbellí Ruiz Ballesteros, apunta a que la clave sigue estando en montar varias estructuras societarias y, reconoce, siempre hay una parte que implicará introducir dinero físico en las entidades financieras.

Este metálico, bajo su óptica, «siempre será difícil de controlar» y, más allá de eliminarlo, es fundamental aplicar otras medidas, que pueden ser la «equilibriación de la presión fiscal o la propia educación de las personas». Ocurre lo mismo con el tipo de negocios que lo generan, este jurista advierte de que lo eficaz sería atajar, previamente, actividades ilícitas de grupos dedicados al tráfico de drogas, el de armas o la trata de blancas

Destinos

A la pregunta de si los países latinoamericanos pueden ser considerado un enclave de cabecera para españoles que quieran «lavar» montantes económicos, la respuesta que ofrecen los expertos consultados son dos circunstancias a tener en cuenta.

En primer lugar, que, más allá de zonas del planeta, cualquier país, aunque no sea uno de los tradicionalmente catalogados de paraíso fiscal, puede servir si ofrece mayores facilidades o unos controles más laxos para introducir dinero «negro» en el mercado común.

Desde Fuster-Fabra apuntan como segunda cuestión fundamental a que las tramas de esta clase «tienden a operar a través de múltiples jurisdicciones, lo que obliga a reforzar los controles y la diligencia debida, incluso respecto de países que no están formalmente catalogados como no cooperativos en las investigaciones policiales y/o judiciales.

El socio-director de Zaballos advierte de que en los últimos tiempos Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en un destino preferido para el blanqueo por parte de toda la piratería internacional. Otros principales focos son, según este jurista, países como Venezuela, República Dominicana y también, especialmente, países bálticos como Estonia o Lituania.

En estos últimos se han asentado –explica– un gran número de casas de cambio de criptoactivos que actúan como receptores de capitales (principalmente en metálico) que o bien se envía a terceros países, o bien se destina muchas veces a comprar bienes allí.

Ospina opina que, «por supuesto», que las criptomonedas «facilitan el blanqueo» porque las monedas virtuales son las únicas que hoy en día ofrecen la capacidad para «manejar miles de millones de euros en cuestión de segundos» y «fuera del control de los bancos centrales».

A modo de ejemplo de una actuación que se podía ejecutar, explica que hay quien entrega efectivo para recibir la cantidad en forma de criptoactivo y, luego, busca otros países donde se pueda pagar de esta manera la adquisición de inmuebles. Para, más tarde, vender la vivienda o el local y así recibir en la cuenta un dinero que sí está dentro del sistema bancario.

Por su parte, Ballesteros se fija en que los países considerados de «tributación ortodoxa» han trabajado para firmar acuerdos de intercambio de información en los últimos años. Pero no hay que olvidar que «los delincuentes siempre abren otras vías que presentan un menor control».

Tareas pendientes

Las tareas pendientes de las autoridades y de las instituciones españolas para luchar contra el blanqueo, en palabras de Velasco, se centran en «reforzar la efectividad del sistema», dotando de mayores medios técnicos y humanos a las unidades especializadas de Policía Nacional y Guardia Civil, así como «mejorar la coordinación y el intercambio de información entre autoridades nacionales e internacionales», además de la necesidad de seguir «adaptando los mecanismos de control a nuevas realidades financieras y digitales».

Ospina, por su parte, subraya que la prioridad debe ser que se enjuicien los casos en un menor plazo de tiempo porque hoy en día pueden pasar entre 5 y 10 años hasta que llegue una sentencia, lo que, a su vez, reforzaría la «seguridad jurídica».

Jiménez advierte de que siguen produciéndose casos en que los bancos pueden tardan en detectar que se está utilizando una de sus cuentas para canalizar el dinero de una estafa, si en ella se registran miles de movimientos y flujos monetarios en un corto periodo de tiempo.

Pero hay quien tampoco oculta su consideración de que en la UE «se han pasado de rosca» en determinados aspectos regulatorios. No puede ser, dice Ospina, que por hacer una transferencia bancaria de 20.000 euros de un padre a un hijo ya salten todas las alarmas y, automáticamente, se bloquee la transacción.

España, ¿puerta de entrada?

Respecto a si España está sirviendo de puerta de entrada para dinero «oscuro» procedente de Latinoamérica. Hay quien, como Ospina, lo niega tajantemente y refiere que, en todo caso, si es dinero procedente de la corrupción, llega bancarizado y, por tanto, legalizado.

Pero Fuster-Fabra apunta a que en algunas zonas españolas de alta actividad turística e inmobiliaria sí que ha servido para la entrada del tráfico de drogas, que es un delito previo habitual al blanqueo. «Algunas tramas utilizan España como lugar de paso o consolidación de fondos ilícitos, a través de empresas o inversiones inmobiliarias». Ballesteros recuerda que hay países con controles «inferiores» que lo facilitan.

El fraude en la UE

Según datos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía Europea estima que tanto el fraude aduanero como del IVA está transformando el ecosistema criminal de la Unión Europea. El organismo comunitario estima el daño descubierto en 45.000 millones de euros.

A finales del pasado año, la Fiscalía de la UE investigaba más de 3.600 casos de todo tipo. Lo que supone un 35 por ciento más que el año previo, 2024.

La mayoría, el 68 por ciento, se refieren a fraudes en el gasto de fondos, subvenciones o ayudas europeas, que implican un perjuicio económico de 18.670 millones. La tasa de condenados en las investigaciones impulsadas por esta Fiscalía es del 95 por ciento y fueron 275 las acusaciones presentadas el pasado año.

Un 34 por ciento más de las que interpuso el previo. Los jueces también concedieron órdenes de congelación de activos por valor de 1.130 millones, mientras que el valor de los realmente congelados en 2025 fue de alrededor de 288,93 millones de euros.