El Gobierno vasco se compromete a avisar a las víctimas de las excarcelaciones de presos etarras por el 100.2
El Gobierno vasco ha trasladado a las víctimas a raíz del revuelo generado por la salida de prisión de Soledad Iparraguirre, «Anboto», que informará en lo sucesivo de la concesión a presos etarras del régimen de semilibertad que habilita el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Y es que hasta ahora, tan solo se les informa de la concesión del tercer grado o de la libertad condicional. Así se ha trasladado desde el Ejecutivo de Imanol Pradales a la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), según ha podido saber este periódico.
Las asociaciones de víctimas siempre se han quejado de que, pese a ejercer la acusación en los procedimientos por terrorismo contra miembros de ETA, una vez estos han sido condenados y entran en prisión a cumplir su condena firme, quedan marginadas en todas las decisiones de aplicación de la legislación penitenciarias. Por ejemplo, no solo no tienen voz ni voto en la progresión de grado ni en la aplicación de beneficios penitenciarios, sino que tampoco se les notificaban esas decisiones para que las víctimas no se enteraran por la prensa de la salida de prisión de los terroristas. Algo que terminó enmendándose, pero limitado a poner en conocimientos de las víctimas, a través de las asociaciones, la concesión de la libertad condicional a los terroristas o la progresión al tercer grado, que permite a los reclusos salir de prisión con asiduidad como vía hacia el objetivo de la reinserción.
La decisión del Gobierno autonómico de notificar también a las víctimas la aplicación del régimen de semilibertad del 100.2 (que según denuncian las asociaciones se ha constituido en una puerta de atrás para anticipar el tercer grado a los terroristas) llega después de que el pasado febrero se aplicara la medida al exresponsable del «aparato militar» de ETA Garikoitz Aspiazu, «Txeroki». Una excarcelación que soliviantó a las víctimas dado su sangriento historial terrorista, pues acumula cientos de años de condena por numerosos atentados.
"Txeroki", con el aval de la Fiscalía
En el caso de «Txeroki», la Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó. Ahora, tendrá que pronunciarse sobre la salida de prisión de Iparraguirre (aunque su decisión no es vinculante) antes de que tenga la última palabra el juez central de Vigilancia Penitenciaria del citado tribunal.
Como hará también «Anboto», el exjefe «militar» de ETA participa en el programa de talleres de Justicia restaurativa que auspicia el Gobierno vasco, un hecho que puso en valor el Ministerio Público. Pero, al mismo tiempo, recordó que la normativa española exige que el recluso beneficiado con esa semilibertad «reconozca el daño causado, muestre signos inequívocos de arrepentimiento, se desvincule de la organización terrorista, repare material o simbólicamente a las víctimas, y, en la práctica, solicite perdón a las víctimas como manifestación esencial del abandono de la actividad delictiva». Algo que no han hecho ni «Txeroki” ni “Anboto».
El PP vasco reclama el expediente
De momento, el PP vasco ya ha dado un paso al frente y ha instado a la Mesa del Parlamento vasco que reclame al Ejecutivo de Vitoria el expediente completo que sustenta la aplicación de la «vía del 100.2» a Iparraguirre, un régimen que según denuncia la portavoz del PP en la Cámara autonómica, «presenta rasgos propios del tercer grado penitenciario».
Según ponen de relieve los populares, la adopción de un régimen que permite salidas diarias del centro penitenciario «plantea interrogantes sobre la concurrencia de los presupuestos». De hecho, subraya el Partido Popular, requiere de la intervención de diversos órganos administrativos y judiciales –entre ellos, la Junta de Tratamiento, el Equipo Técnico del centro penitenciario, el órgano competente del Departamento de Justicia y Derechos Humanos y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria– «lo que determina la existencia de un expediente administrativo complejo cuya integridad resulta esencial para su adecuada fiscalización».
Por todo ello, reclama el expediente completo para valorar así «de forma objetiva» la motivación de la decisión, «el cumplimiento de los requisitos legales, la secuencia procedimental seguida y las comunicaciones mantenidas entre los distintos órganos intervinientes».