Nunca más dictadura
Hace cinco décadas, el 24 de marzo de 1976, ocurrió un quiebre en la convivencia social y política en la Argentina. A través de un golpe militar dio inicio al uso del terrorismo de Estado como forma de ejercer el poder con arbitrariedad.
Con el tiempo y tras procesos judiciales complejos, se estableció la responsabilidad de la junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, en la conducción de un aparato sistemático de represión basado en el secuestro y la desaparición de ciudadanos.
Documentos desclasificados del Departamento de Defensa de Estados Unidos estiman más de 22.000 víctimas mortales durante el Proceso de Reorganización Nacional. A su vez, la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas señala que entre 15.000 y 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, y que alrededor de 500 bebés nacidos en cautiverio fueron separados de sus madres y entregados en adopciones ilegales.
Pero esa historia no se explica solo desde la violencia. También se entiende desde la dignidad de quienes decidieron no callar. Las Madres de Plaza de Mayo convirtieron el dolor en una forma de acción pública. Caminaron, preguntaron, insistieron. Su persistencia sostuvo la memoria en los años más difíciles y abrió un camino para la verdad.
De esa lucha surgieron avances que hoy forman parte del patrimonio democrático de la región. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y los juicios a las juntas militares afirmaron un principio esencial: los crímenes de lesa humanidad merecen sanción con tribunales civiles. Ese precedente cruzó fronteras y encontró eco en procesos como el de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú.
Hoy, sin embargo, ese consenso enfrenta tensiones. Las declaraciones del presidente Javier Milei, que relativizan lo ocurrido y reducen sin sustento la magnitud de las víctimas, reabren una discusión que parecía saldada. En el Perú, debates similares muestran que estas miradas, sobre todo a aquellas vinculadas con la dictadura fujimorista.
Por eso, recordar adquiere un sentido más profundo. La memoria colectiva funciona como un límite ético frente a cualquier intento de justificar la violencia desde el poder.
En estos tiempos, “Nunca Más” no es una consigna vacía sino una decisión. Es la voluntad de una sociedad que aprende del dolor y que afirma, cada vez que lo recuerda, su compromiso con la vida, la justicia y la dignidad. A cincuenta años del golpe, ese compromiso sigue vigente.