Heduardicidio de hoy domingo 22 de marzo de 2026
El primer balance económico de campaña vuelve a colocar el dinero en el centro de la política peruana. Nueve organizaciones reportan más de nueve millones de soles en egresos durante un año de actividad, con una concentración evidente en Alianza para el Progreso, agrupación liderada por César Acuña, que declara más de siete millones.
Si bien este dato describe una competencia irregular impulsada por recursos significativos, parecería que en general fueran montos irreales. Ello revela el peso que adquiere el financiamiento privado en la construcción de poder electoral.
Al respecto, es importante recordar que el contexto legislativo refuerza esa lectura. Fue este mismo Congreso el que aprobó una reforma que amplió los aportes privados y elevó los límites permitidos para financiar partidos. De hecho, la bancada de APP respaldó esa decisión, aunque fue impulsada por el fujimorismo.
Ante ello, el actual cruce entre gasto elevado y voto a favor previo para obtener reglas más flexibles para recibir dinero privado abre un debate necesario sobre los incentivos que hoy ordenan la política.
Los reportes financieros también muestran contrastes marcados entre organizaciones, desde cifras millonarias hasta montos reducidos como los registrados por el Partido Morado. Esa diferencia refleja un sistema donde la capacidad de captar recursos define visibilidad sobre todo en pauta digital y posicionamiento público.
Por esa razón, el país necesita auditorías oportunas, revisión rigurosa de aportantes y seguimiento constante del flujo de recursos. Es fundamental que los peruanos sepan que la transparencia necesariamente ordena la competencia democrática.
No obstante, las encuestas muestran que no por mucho derrochar, la ciudadanía se compra patrañas. Y esa actitud se verá en los resultados de los próximos comicios del 12 de abril, en los cuales, más de la mitad de los actuales parlamentarios intentan la reelección.
El Jurado Nacional de Elecciones debe observar el financiamiento privado en los partidos y debe auditarlo. La democracia peruana pierde más estabilidad cuando el origen de los recursos se desconocen y la competencia se desarrolla sin estándares de integridad pública.