El alcalde de Algeciras reclama 200.000 euros de indemnización a Montero por atribuirle una condena por violencia de género
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclama a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero 200.0000 euros de indemnización por vulnerar su derecho al honor al afirmar el pasado enero que había sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género. La defensa del político ha planteado una demanda de conciliación como paso previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias contra la ministra de Hacienda.
En ese escrito ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, su abogada, Guadalupe Sánchez Baena, insta a Montero a admitir en ese acto de conciliación que el pasado 13 de enero -durante la celebración de una interparlamentaria del PSOE andaluz- atribuyó falsamente a Landaluce "la comisión de un delito grave generador del máximo reproche social", se comprometa a rectificar públicamente y a pagar esos 200.000 euros de indemnización.
La letrada recuerda que la vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez ya se mostró dispuesta a "aclarar" sus palabras sobre el alcalde de Algeciras, "pero sin concretar la fecha" de esa rectificación.
Landaluce quiere que Montero admita que sus afirmaciones "se profirieron con conocimiento de su falsedad y con la finalidad de inducir a la opinión pública a creer" que estaba siendo investigado por delitos de violencia de género, "proyectando sobre él una apariencia de criminalidad que no se compadece con la realidad y alimentando injustificadamente el reproche social".
"Atribución falsa"
Asimismo, insta a la ministra de Hacienda a "reconocer que tales manifestaciones, realizadas por quien ostenta una alta responsabilidad institucional, exceden los límites constitucionales de la crítica política o la libertad de expresión, al consistir en la atribución falsa" a Landaluce "de comportamientos delictivos con la finalidad de dañar su reputación personal y profesional al vincularlo con hechos merecedores del máximo reproche social, lo que constituye una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor".
De igual modo, exige que se comprometa a retractarse "de forma pública, clara, expresa e inequívoca reconociendo la falsedad de las imputaciones realizadas" y dejando claro que Landaluce "no ha sido condenado, denunciado ni investigado por delitos de violencia de género". Una retractación que, añade, debe realizarse "con difusión equivalente a aquella en la que se realizaron las manifestaciones y en el plazo de cinco días desde la firma del acta de avenencia".
El texto de rectificación que pide a Montero que asuma precisa que "la única denuncia" formulada contra Landaluce "fue presentada ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por dos integrantes del PSOE andaluz y archivada mediante decreto de 9 de enero de 2026 al no apreciarse indicios de delito".
La declaración de la polémica
Las manifestaciones que Montero pronunció y que Landaluce quiere que rectifique son las siguientes: "Y lo quiero decir alto y claro, porque este partido como siempre puso, en este caso, sus concejales, sus concejalas en Algeciras, para quitar al alcalde, todavía hoy, de Algeciras, que había sido condenado, denunciado... que está siendo investigado por un delito de violencia de género".
Algo sobre la que la líder del PSOE andaluz volvió el pasado 20 de febrero de 2026, durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press en Andalucía y en algunas comparecencias en el Congreso, cuando "volvió a referirse públicamente a la supuesta existencia de una denuncia por delitos de violencia de género" contra el alcalde de Algeciras, "ocultando deliberadamente que la denuncia fue interpuesta por dos compañeras suyas del PSOE andaluz y no hacía referencia a delitos contra la violencia de género" y que había sido archivada por la Fiscalía.