El Gobierno amenaza con llevar al Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha amenazado este miércoles con llevar al Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria de las Islas Baleares si no se llega a un acuerdo previo entre ambas administraciones.

En declaraciones a los medios en la primera Cumbre contra el Odio inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres ha lamentado la derogación el pasado martes en el Parlamento de las Islas Baleares de la ley de memoria democrática autonómica con el apoyo de PP y Vox.

En su opinión, es un caso claro de "sumisión" del PP hacia Vox, ya que en un principio la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, dijo que no iba a aceptar las exigencias del partido de Santiago Abascal, que fue el que propuso esta derogación, y finalmente "ha sucumbido a ellas".

"Tengo que lamentarlo porque no era preciso que el PP, de nuevo, cediera a las exigencias de la ultraderecha. Se ve claramente quién está mandando. Unos pueden tener la presidencia, pero mandan los otros más, mandan los que exigen, los que ponen condiciones", ha señalado.

Además, ha anunciado que van a invitar al Govern balear a que se siente con el Gobierno de España para negociar y dar marcha atrás en la derogación de esta ley de memoria democrática autonómica.

"Si nos dicen que no se sientan con nosotros o no hay acuerdo al respecto, el Gobierno de España elevará al Tribunal Constitucional solicitando que se quede sin afección inmediata", ha añadido.

De esta forma, el Gobierno vuelve a recurrir al artículo 33.2 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que plantea la posibilidad de entablar negociaciones sobre una ley entre administraciones para evitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

En el momento en que el Gobierno remita una propuesta para iniciar un proceso de negociación sobre la derogación de la ley de memoria, el Govern balear tendrá un plazo para decidir si acepta esta propuesta de diálogo.

Si no se consigue un acuerdo, el Gobierno irá al Tribunal Constitucional, como ya hizo por ejemplo en Aragón tras la derogación de la ley autonómica de memoria por parte de PP y Vox, con la denominada ley de "concordia" aprobada en la Comunidad Valenciana por los mismos partidos o con la suspensión de la norma de memoria cántabra impulsada por el PP y apoyada por Vox.

En estos tres casos las normas han sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, según han recordado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática.

Por otro lado, próximamente van a empezar las negociaciones con el Gobierno de Extremadura para tratar de resolver las discrepancias sobre la denominada ley de "concordia" autonómica aprobada por el PP y Vox y, en el caso de que no haya acuerdo, el Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional.