Exalcaldesa de San Carlos condenada por acoso laboral: deberá pagar ¢328 millones junto con la Municipalidad
El Juzgado de Trabajo de San Carlos condenó a la exalcaldesa Karol Salas Vargas y a la Municipalidad de ese cantón, a pagar ¢328,5 millones por acoso laboral en perjuicio de una funcionaria de apellidos Amores Saborío.
La sentencia, contenida bajo el número 2026-000120, fue dictada este martes 10 de marzo.
Este es el desglose de los ¢328 millones:
- Daño patrimonial: ¢3,5 millones
- Daño moral objetivo: ¢75 millones
- Daño moral subjetivo: ¢250 millones
El Juzgado condenó a la Municipalidad de San Carlos a pagar de forma solidaria. Por ende, tanto Salas como el ayuntamiento deben asumir el pago que dicta la sentencia.
El fallo, emitido por la jueza Martha Chaves Chaves, también ordenó la cancelación de los intereses legales, indexación y costas.
Exalcaldesa prepara impugnación
Consultada por La Nación, la exjerarca municipal aseguró que su equipo legal fue notificado muy recientemente de la decisión judicial, por lo que se encuentran analizando el extenso documento para preparar la impugnación.
“Vamos a revisarla y vamos a proceder con la etapa de presentar el recurso de casación (ante la Sala Segunda)”, afirmó la exalcaldesa.
Al ser cuestionada sobre las duras valoraciones realizadas por la jueza, Salas evitó profundizar, argumentando que aún no ha estudiado los fundamentos de la autoridad judicial.
“No conozco todavía el contenido de este documento, de esta resolución. Entonces, tanto el abogado como mi persona, vamos a proceder a revisarlo”, indicó.
“Este proceso se inició en el año 2023 y lo he atendido en todas sus etapas de forma muy responsable. Como el proceso no ha terminado, no puedo referirme específicamente a detalles. Entonces, vamos a esperar que siga la atención jurídica como corresponde”, concluyó Salas.
El conflicto
- Vacaciones: El conflicto comenzó desde el 2021, cuando Salas fungía como vicealcaldesa, pero se agudizó luego de que ella asumiera formalmente la Alcaldía, el 29 de julio del 2022, tras la cancelación de credenciales del Alfredo Córdoba Soro.
Según el expediente judicial, los problemas se iniciaron cuando Amores se sometió a una cirugía, a finales del 2021, al solicitar acogerse a la modalidad de teletrabajo para su recuperación, debido a complicaciones derivados del procedimiento. Salas se lo denegó y le indicó que buscara una incapacidad o gastara sus vacaciones.
La sentencia tiene probado que, para el 18 de julio del 2022, Amores ya contaba con vacaciones legalmente aprobadas por el entonces alcalde Córdoba para disfrutarlas entre el 22 de agosto y el 2 de setiembre.
No obstante, en agosto, Salas ordenó suspender dichas vacaciones tras designarla como una de las responsables de la presentación del presupuesto ordinario 2023. Pese a la suspensión, Amores hizo valer su derecho y tomó sus vacaciones, no sin antes dejar el trabajo organizado, delegar responsabilidades a su personal y entregar la última versión de la matriz del Plan Anual Operativo, vinculado al presupuesto ordinario.
- Despido ilegal: Por haber tomado sus vacaciones, Salas ordenó la apertura de un segundo órgano del debido proceso. El 20 de febrero del 2023, fungiendo como órgano decisor, la alcaldesa despidió a Amores sin responsabilidad patronal bajo las causales de “abandono de trabajo” e insubordinación. Este despido tuvo que ser anulado judicialmente poco después, debido a que la funcionaria contaba con fuero especial de protección sindical.
La jueza tuvo por demostrados graves actos de descrédito público. Se comprobó que, sin que el despido estuviera en firme, Salas envió un correo electrónico a todo el personal de la Municipalidad comunicando que Amores ya no laboraba en la institución, un acto calificado en la sentencia como de “degradación emocional” y de manifiesta “intencionalidad” de dañar a la afectada.
Además, durante una suspensión ordenada en el proceso disciplinario, Amores fue vigilada y expulsada del edificio municipal, según el fallo.
“(Fue) registrada en cuanto a objetos personales que ella estaba recogiendo del escritorio y demás cosas que ella tenía en su oficina. Acto degradante, de humillación, de descrédito, con el ánimo de ultrajarla emocionalmente", dice la resolución.
A raíz de este asedio, la funcionaria denunció formalmente a Salas por acoso laboral ante el Concejo Municipal.
El hostigamiento llegó a tal punto que el propio departamento de salud ocupacional de la Municipalidad de San Carlos remitió a Amores al Instituto Nacional de Seguros (INS) para recibir atención médica directa por acoso laboral.
El fallo del Juzgado aún no está firme, pues podría ser objeto de impugnación ante la Sala Segunda, que es la última instancia en materia laboral.