La soberanía que los peruanos deben recuperar
La soberanía es, por definición, el fundamento de las democracias modernas. Es una idea que se expresa en la capacidad de la ciudadanía para decidir quién gobierna y hacia dónde se dirige el país. Sin embargo, en el Perú del último decenio se observan síntomas claros de que esa soberanía ha sido profundamente debilitada.
El más evidente es la capacidad arrebatada del voto para determinar el poder por parte del pacto corrupto. Como explicó el politólogo Alberto Vergara, las elecciones si bien producen autoridades, estas terminan no representando a nadie. Y se manifiesta en que la continuidad de los proyectos nacionales, los que generan progreso, queda condicionada por confrontaciones institucionales y decisiones que se toman al margen del mandato ciudadano.
En el centro de esta dinámica perversa, el Congreso, que debería actuar como puente entre la sociedad y el Estado, ha abusado de su poder y ha trastocado incluso nuestro sistema político. La utilización de mecanismos como la vacancia presidencial como herramienta de control político inmediato, casi transaccional, ha generado la percepción de un poder que no representa al pueblo, sino a intereses propios.
A esta crisis se suman una serie de presidentes o aspirantes a ser autoridad con mandato popular, tanto en el país como en otras latitudes, que pervierten el concepto de soberanía para adecuarlo a sus intereses particulares, la mayoría de veces sectarios y abusivos. En el fondo está la necesidad de plantear un paradigma en el que resulte victorioso económicamente el que se impone por la fuerza, y no por la razón ni con mínimos de convivencia social.
Al respecto, esta manipulación que amenaza con tornarse más recurrente en plena campaña electoral, debe saber antes que el pueblo sigue existiendo como fuente de legitimidad.
Ante los delirios autoritarios, los peruanos deben saber que la respuesta a los problemas del país no pasa por abandonar la democracia, si pensamos en el mediano y largo plazo. Pasa, necesariamente, por instituciones que funcionen con transparencia y participación ciudadana. El desafío, entonces, es reconstruir la confianza entre el Estado y la ciudadanía para que el voto vuelva a ser el instrumento decisivo del poder.