La guerra de Irán fractura a la UE y pone en jaque su seguridad
La intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha puesto a prueba, una vez más, la cohesión de la Unión Europea, evidenciando distintas visiones sobre la seguridad y el derecho internacional en un momento en que la crisis ya impacta en los mercados energéticos y la estabilidad del continente. Aunque el bloque coincide en condenar las represalias iraníes contra actores que no participan en el conflicto en el Golfo, la falta de un consenso estratégico —que varía del apoyo operativo al rechazo a la intervención militar— dificulta una respuesta unitaria ante una inestabilidad que amenaza con comprometer seriamente la recuperación económica europea.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, intentó armar un consenso interno llamando a la contención y a una desescalada que permita alcanzar una «transición creíble para Irán», el fin definitivo de sus programas nuclear y balístico y el cese de las «actividades desestabilizadoras» en la región. Ante la ausencia de una respuesta conjunta y coordinada como bloque, han sido las propias capitales las que han ido marcando posiciones independientes.
Esta fragmentación se hizo evidente tras la visita del canciller alemán, Friedrich Merz, a la Casa Blanca el pasado miércoles. En un clima de sintonía que le valió los elogios del presidente estadounidense, Donald Trump, Merz respaldó la tesis de eliminar un régimen «terrible», autorizando formalmente el uso de la Ramstein Air Base, el mayor centro logístico y de mando de la Fuerza Aérea de EE. UU. en suelo europeo.
Por su parte, el resto del E3, el núcleo diplomático que París y Londres comparten con Berlín y parecía ir a una, se ha dividido. En el Reino Unido, el primer ministro, Keir Starmer, expresó serias dudas sobre la legalidad de la guerra y la viabilidad de un «cambio de régimen desde el aire». Con todo, Londres optó por permitir a Estados Unidos el uso de dos bases británicas. Una ambigüedad similar a la de Francia, que aunque autorizó la presencia temporal de aviones estadounidenses en sus instalaciones, impuso la condición de que estas no se utilicen para ataques directos contra territorio iraní. El Elíseo sostuvo que la ofensiva de Estados Unidos e Israel se sitúa al margen del derecho internacional, asegurando que eso «Francia no lo puede aprobar».
En el otro extremo de este espectro de alianzas se posicionó España, que lidera un bloque de rechazo a la intervención junto a países como Irlanda y Bélgica. El Gobierno de Pedro Sánchez prohibió el uso de las bases de Rota y Morón de la Frontera para cualquier operación contra territorio iraní, argumentando que el convenio bilateral con Washington no ampara acciones unilaterales sin el respaldo explícito de la ONU.
El escenario se volvió aún más complejo tras incidentes en territorio comunitario, como el ocurrido en Chipre tras el impacto de un proyectil en la base británica de la RAF en Akrotiri el pasado 2 de marzo; también en territorio de la OTAN, en Turquía, donde los sistemas de la Alianza Atlántica instalados en su suelo derribaron un misil. En este contexto, la seguridad en el Mediterráneo oriental se ha convertido en el «nuevo eje de la estrategia militar europea».
Aunque Londres señaló que aún no es posible confirmar la procedencia del proyectil interceptado en Chipre, la tensión se mantiene ante las advertencias directas de Teherán. Francia y Grecia lideraron una movilización a la que se han sumado Italia, los Países Bajos y España —que enviarán efectivos a Chipre la próxima semana— con el objetivo de blindar el espacio aéreo chipriota. Este refuerzo militar se produce en un clima de máxima alerta interna, condicionado por las declaraciones del portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien calificó la participación europea como un «acto de guerra» y amenazó con «represalias directas en el continente». Los gobiernos europeos han extremado sus protocolos de seguridad interior para equilibrar su compromiso con la estabilidad del Golfo y la protección de su propia integridad territorial.
Por otra parte, la prolongación de las hostilidades ya genera repercusiones en la economía europea, donde la interrupción del gas catarí y el encarecimiento del petróleo han frenado la tendencia a la baja de la inflación en la Eurozona. Más allá del choque energético, la UE vigila con cautela un posible flujo migratorio desde Irán a través de Turquía. A pesar de los matices políticos iniciales, parece que los socios europeos empiezan a coincidir en la necesidad de coordinar una «arquitectura defensiva común» para blindar sus intereses estratégicos y su integridad territorial ante la expansión del conflicto.