Proyecto que conmuta penas: Abofem alerta “posibilidad de reincidencia” en presos por violencia contra la mujer

Hasta 12 mil reos podrían pasar de cumplir su condena privados de libertad, para hacerlo desde sus casas. Esto, si se convierte en ley el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad que ya fue aprobado en el Senado. 

La iniciativa está dirigida a condenados que cumplan ciertas condiciones de salud, edad, entre otras, y es reconocida como una legislación que beneficiaría a los criminales de lesa humanidad presos en el expenal Punta Peuco, como Miguel Krassnoff. Según el Gobierno, más de 300 de estos delincuentes podrían volver a sus domicilios. Pero, además, más de 300 condenados por homicidio, femicidio, violaciones de menores de edad y parricidio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Paula Riveros Valencia, alertó que “si no establece exclusiones claras y estrictas, puede abrir espacio de impunidad para delitos particularmente graves”. 

En una mirada general al proyecto, la profesional con postítulo en Género y Derechos Humanos de la Universidad de Chile, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ha sostenido de manera reiterada que los estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar efectivamente” los delitos de lesa humanidad. 

“Cualquier mecanismo que termine reduciendo sustancialmente el cumplimiento de las penas, por supuesto que puede tensionar esas obligaciones internacionales. Desde esa perspectiva,  la lectura jurídica es bastante clara en cuanto a que un proyecto de esta envergadura requiere límites normativos muy precisos”, indicó. 

Esta iniciativa ha generado impacto no solo por la posible sustitución de pena de criminales de lesa humanidad. Julio Pérez Silva, el denominado psicópata de Alto Hospicio, fue condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios y a 18 años de cárcel por dos violaciones. Por su edad y deterioro físico, podría obtener el beneficio. 

“Yo creo que hay hartos peligros asociados a lo que pudiera pasar con este proyecto y no se agota en la revictimización, que por supuesto que es algo gravísimo, sino que también hay que considerar que la violencia contra la mujer tiene patrones de repetición super claros”, alertó Paula Riveros. 

La abogada explicó que: “Cuando el Estado permite que agresores condenados por estos delitos vuelvan a cumplir sus penas en entornos comunitarios, sin evaluaciones extremadamente rigurosas del riesgo, existe esta posibilidad de reincidencia. Ese es uno de los principales temores que tengo”.

Incluso, de haber órdenes de alejamiento, por ejemplo, “los agresores pueden ejercer cierta presión a través de terceros, en el mismo entorno familiar. Entonces, el hecho de que el agresor vuelva a estar cerca reabre este escenario de miedo permanente de que pueda volver a su vida o a la de alguna persona cercana”. 

Riveros señaló que tampoco se ha considerado el impacto estructural que esta determinación legal podría tener. “Al final el sistema penal estaría flexibilizando el cumplimiento de las penas en caso de violencia contra las mujeres. ¿Qué es lo que pasa cuando esto sucede? Muchas víctimas perciben que denunciar no cambia realmente la situación”, planteó. 

“Se terminan desincentivando las denuncias, reforzando el silencio que rodea a estas violencias y por eso mismo hay varios estándares internacionales en relación a esta materia, como los que establece la Convención Belém do Pará, en donde se obligan a los estados a actuar con debida diligencia. Obligación que no se termina con la dictación de la sentencia, implica también evaluar cómo las decisiones penitenciarias pueden afectar la seguridad, la vida cotidiana de quienes sobrevivieron a esa violencia”, enfatizó la abogada.

Esta norma, de convertirse en ley, es particularmente preocupante en materia de género, indicó la abogada. “Desde una perspectiva feminista y de derecho humano el riesgo es super profundo, no puede relativizarse, porque la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni episódico, sino que es estructural, sistemático y lamentablemente ocurre mayoritariamente en espacios de cercanía”, explicó 

En el caso, por ejemplo, de Julio Pérez Silva, pero también otros que tienen que ver con “homicidios particularmente violentos, crímenes contra niñas, contra jóvenes, mujeres, que puedan, eventualmente, acceder a beneficios amplios de cumplimiento de pena, el mensaje institucional que se transmite es muy delicado”. 

“Ahí el sistema penal no solo sanciona hechos individuales, sino que también comunica estándares sociales respecto de qué conductas son tolerables y si una legislación permite que personas condenadas por estos delitos de extrema gravedad accedan a beneficios. Y, de nuevo, sin un análisis extremadamente riguroso del riesgo, se puede generar un precedente que debilite la confianza pública en la justicia, además de la protección efectiva que tenga la justicia o que tenga el Estado en favor de mujeres, niñas, niños”, cuestionó Riveros.

Para la abogada Paula Riveros, la preocupación por esta iniciativa no es contingente, sino que genera una “alerta estructural, porque las decisiones sobre política penal no deberían adoptarse únicamente desde una lógica de gestión carcelaria o de presión política coyuntural, sino que requieren una mirada integral, que se consideren los derechos humanos, protección de víctimas, perspectiva de género y, por supuesto, estándares internacionales de derechos humanos. Cuando este tipo de debates se dan sin ese marco, el riesgo nuevamente es que las víctimas queden en un segundo plano”. 

Cabe destacar que el proyecto se encuentra en su primer trámite y se fijó hasta el próximo lunes 16 de marzo hasta el mediodía se extendió el plazo para presentar indicaciones.