Pardo de Vera desmiente a la UCO y niega que borrara sus mensajes

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera considera una "conjetura" atribuirle, como hace la Unidad Central Operativa (UCO) en su último informe, el borrado de los mensajes de su móvil y niega que interviniera en la adjudicación del contrato para la adquisición de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa de la "trama Koldo", tal y como mantiene la Guardia Civil.

Así lo pone de manifiesto en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno -al que ha tenido acceso LA RAZÓN- en el que sala al paso de las imputaciones de la UCO y hace hincapié en que no ha habido "ningún borrado de información".

Su abogado, Gonzalo Rodríguez-Mourullo, señala que el hecho de que los agentes no hayan localizado en su móvil determinadas comunicaciones que se consideran de interés para la investigación se explica porque el dispositivo que le fue incautado "no era el mismo que utilizaba en la época en que desempeñó el cargo de presidenta de Adif", por lo que todas sus comunicaciones anteriores a julio de 2021 "quedaron a disposición de Adif, sin que se efectuara ninguna portabilidad de las mismas".

Los datos se los quedó Adif

De ahí que su defensa afirme que no resulta "ni admisible ni ajustada a la realidad la conjetura que le sirve a la UCO como punto de partida de su informe" para afirmar que el examen de los dispositivos electrónicos pone de manifiesto que "parte del contenido correspondiente al período temporal de los hechos investigados habría sido eliminado".

De hecho, asegura que cuando declaró como investigada en julio del pasado año ya aclaró -al igual que hizo, subraya, durante el registro que concluyó con la incautación de sus dispositivos, que tras su cese "hubo de entregar a los responsables de recursos informáticos de la compañía tanto el móvil como el ordenador que le habían sido confiados para el desempeño de sus funciones". Y aunque "por razones prácticas" opto por conservar el mismo número, explica, en ningún caso hizo la portabilidad de datos, "para la que no estaba autorizada".

En consecuencia, añade, "toda la información y todas las comunicaciones" de su etapa como presidenta, entre junio de 2018 y julio de 2021, "quedaron a disposición de Adif, en atención y cumplimiento a la política de uso de dispositivos de la entidad pública".

Se ajusta a su declaración

En todo caso, respecto a los mensajes por los que la UCO apunta a su intervención en la adjudicación bajo sospecha, defiende que "se ajustan plenamente a lo que con detalle explicó" Pardo de Vera en su declaración como testigo en septiembre de 2024.

Esas comunicaciones, mantiene, "reflejan que, en el marco de la emergencia sanitaria de 2020 y tras la encomienda efectuada a Adif para la adquisición de cinco millones de mascarillas, se le facilitaron" desde el Ministerio de Transportes "a través de Koldo García" los teléfonos del secretario general de Puertos del Estado y del dueño de la empresa Soluciones de Gestión, "con la que el citado organismo había tramitado previamente otra emergencia de

compra de mascarillas". Contactos que ella trasladó "acto seguido" al responsable designado por Adif para la tramitación de esa contratación.

Se limitó a "trasladar los contactos"

Eso explica -defiende- el contenido de los wasaps que el 26 de marzo de 2020 le envió Koldo remitiéndole los contactos de Iñigo Rotaeche y Álvaro Sánchez Manzanares, entonces secretario general de Puertos del Estado, y por qué Koldo le decía en uno de esos mensajes: "El Iñigo es el del contrato".

Para el abogado de Pardo de Vera la inferencia que hace la UCO de que ese intercambio de mensajes "permite inferir que Koldo intervino en la selección de Soluciones de Gestión" y que, a través de Pardo de Vera "la contratación se habría hecho efectiva" en el organismo que presidía "no se ajusta en modo alguno a la realidad, ni a la literalidad del propio mensaje".

Su actuación, remarca, se limitó, por tanto, a recibir unos contactos y a dar traslado de los mismos a la persona designada por Adif para la tramitación del encargo efectuado por el Ministerio de Transportes". "El contrato no estaba en ese momento adjudicado por Adif y el mensaje hacía alusión al contrato previo de Puertos del Estado", reitera.