Ábalos pide al Tribunal Supremo que retrase un mes el juicio
José Luis Ábalos quiere que el juicio por el "caso mascarillas", que comenzará el próximo 7 de abril, se retrase un mes. Así lo ha solicitado su abogado, Marino Turiel, al Tribunal Supremo (TS) en un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN en el que justifica ese aplazamiento en los problemas técnicos para acceder a la causa y a los señalamientos previos de actuaciones procesales en otros juzgados y tribunales.
De otra forma, avisa, no se garantizará "el adecuado ejercicio del derecho de defensa". Y es que según pone de relieve hasta el momento le ha resultado
"materialmente imposible acceder a la presente causa" a través de la plataforma digital habilitada "pese a todos los intentos realizados" y a las "consultas efectuadas a los servicios técnicos informáticos".
En esta tesitura, la defensa de Ábalos expone que el tiempo transcurrido desde que asumió la defensa del ex secretario de Organización del PSOE el pasado enero "ha sido absolutamente infructuoso para tomar conocimiento de la causa", lo que le ha impedido "el conocimiento íntegro de las actuaciones" y ni tan siquiera "un somero estudio del procedimiento".
"Materialmente imposible"
"Es evidente que resulta materialmente imposible preparar un juicio oral de la complejidad del presente con el escaso tiempo que media para preparar con solvencia cualquier defensa", hace hincapié. "Literalmente, no es posible asumir la carga de trabajo ni esfuerzo material y mental al que se aboca a este letrado", añade.
Por este motivo, el abogado considera que la celebración del juicio en la fecha señalada le impediría "preparar la defensa con las mínimas y debidas garantías", por lo que solicita "un aplazamiento por espacio un mes para el inicio de las sesiones de juicio oral".
La Fiscalía Anticorrupción pide para el ex secretario de Organización del PSOE una pena de 24 años de prisión -que las acusaciones populares elevan a 30- por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, entre otros, por el supuesto amaño en la adjudicación de contratos para la compra de mascarillas en pandemia a cambio de "mordidas". En el banquillo también se sientan quien fuera su asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.