El PP pide cambios en la Ley de Extranjería y más fiscales para reforzar la norma contra la multirreincidencia

El Partido Popular (PP) ha registrado una serie de enmiendas en el Senado a la Ley contra la Multirreincidencia para avanzar en la lucha contra la criminalidad y la inseguridad creciente en nuestro país, tal y como anunció la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, hace unas semanas.

Para ello, la formación popular se ha fijado tres puntos clave, como son el incremento de los requisitos para obtener la residencia por parte de los extranjeros, asegurando que no tengan ni antecedentes penales o policiales ni procedimientos penales abiertos; el refuerzo de la justicia, a través de la ampliación del número de fiscales; y la presión contra el petaqueo, que ofrece suministro y operatividad al narcotráfico en nuestras costas.

El PP defiende estas medidas para “evitar la impunidad y reforzar la seguridad”, a través de agravar los delitos de estafa y reforzar tanto la Justicia como la lucha contra fenómenos delictivos organizados y reiterados, velando por un buen modelo de convivencia y por la “protección de la inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros”, que sí están con la “firme voluntad de integrarse”.

Ante la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno, y el riesgo de que se convierta en un coladero de delincuentes tal y como están denunciando asociaciones policiales, el Partido Popular aboga por ampliar las garantías frente a la impunidad y los requisitos para la obtención del permiso de residencia.

Según su propuesta, para obtener ese permiso de residencia será necesario carecer de antecedentes penales o procedimientos penales abiertos, acreditándose dicha carencia de antecedentes a través de certificación oficial, sin que se pueda contemplar como opción tener una declaración responsable del propio individuo.

Además, también será rechazado dicho permiso si hubiese escritos de acusación en el que se solicite pena privativa de libertad, auto de apertura de juicio oral, medidas cautelares contra la persona, órdenes de búsqueda y captura y autos de prisión provisional, o si el solicitante del permiso de residencia ha sido condenado como reincidente.

Por otro lado, el PP también propone que sea necesario recabar informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente a posibles amenazas para el orden público o la seguridad ciudadana, y que no se pueda obtener la residencia si el solicitante ha incurrido en engaños o falsedades sobre sus propias circunstancias, como son la edad, el sexo o la nacionalidad.

Por último, se rechaza que el mero hecho de solicitar la residencia sirva para anular los procedimientos sancionadores con propuesta de expulsión o retorno iniciados, tal y como ha propuesto el Gobierno.

En sus enmiendas, el PP da un plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley para para ampliar las fiscalías de área, provinciales y de comunidades autónomas en, al menos, un fiscal cada cien mil habitantes o fracción superior a los cincuenta mil habitantes, priorizando aquellas con ratios menores. De esta forma, el PP aboga por “garantizar la lucha contra la criminalidad reincidente” y atender las necesidades de la Administración de Justicia.

En estas enmiendas, la formación de Alberto Núñez Feijóo también refuerza la lucha contra la práctica conocida como el petaqueo, consistente en dar soporte y ayuda al narcotráfico a través del suministro de materiales y combustible. En este sentido, el partido incorpora un cambio en el Código Penal para que el transporte de combustible no autorizado sea sancionado con penas de entre 3 y 5 años de prisión en los supuestos contemplados en el artículo 568.