A la espera de la decisión de la Justicia europea sobre la amnistía, Conde-Pumpido apela a la "autocontención" del TJUE

El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, aboga por un necesario equilibro entre el Derecho de la Unión y la supremacía de los tribunales constitucionales para que la apertura a la realidad europea no implique la renuncia a los elementos esenciales de la identidad nacional.

En este sentido, ve necesaria una cierta "autocontención" del Tribunal de Justicia de la UE" porque, según ha afirmado, "la utilización competencial de cláusulas abiertas, como el Estado de Derecho o la tutela judicial efectiva" aconsejan "una gran prudencia". También ha abogado -recoge una nota informativa hecha pública por la institución- por una atención adicional para evitar que la cuestión prejudicial se convierta "en instrumento de desplazamiento estratégico de controversias constitucionales, o meramente políticas, de carácter interno de los Estados miembros".

Conde-Pumpido se pronuncia en estos términos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la adecuación de la Ley de Amnistía al derecho comunitario -tras las dudas planteadas, entre otros, por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas- y después del aval de la institución que preside a la polémica norma con el voto en contra de los magistrados conservadores.

El amparo a Puigdemont, pendiente del TJUE

Una decisión que es clave para desatascar en el TC la resolución de los recursos de amparo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros, ante la negativa del Supremo a amnmistiarles el delito de malversación por el que están procesado y condenado, respectivamente. Y es que una decisión del TJUE cuestionando el encaje de la amnistía en el Derecho de la Unión pondría en un brete la posible estimación de esas demandas de amparo.

El TJUE, además, también tiene que pronunciarse sobre la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia de Sevilla tras la decisión del TC de anular las condenas por el millonario fraude de los ERE, ratificadas por el Tribunal Supremo, entre otros a los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves, cuya ejecución está precisamente pendiente de lo que decida la corte de Luxemburgo al respecto.

En ese marco, Conde-Pumpido ha señalado, durante una reunión bilateral en Lisboa con el Tribunal Constitucional de Portugal, que el principal reto del constitucionalismo europeo "no es ni asegurar la primacía del derecho de la Unión ni garantizar la supremacía constitucional, sino cómo articular ambas sin desnaturalizar ni el proyecto de la UE ni la legitimidad constitucional interna".

Un TC "supranacional"

Según ha puesto de relieve, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está asumiendo "funciones de garante estructural del Estado de Derecho en los estados miembros", lo que le aproxima a convertirse en un "Tribunal Constitucional supranacional". Un avance competencial, ha dicho, que "intensifica la tensión con la supremacía constitucional interna que constituye la esencia del funcionamiento de los tribunales nacionales".

El presidente de la institución ha señalado al respecto que algunos tribunales constitucionales -como el alemán, el italiano y otros de Europa central- "han reaccionado contra estas expansiones competenciales", que consideran "injustificadas". No obstante, ha apuntado, el conflicto, "propio de un auténtico sistema jurisdiccional multinivel, debe gestionarse en clave de cooperación, no de confrontación, mediante una interpretación cooperativa y leal".

En su opinión, la apertura al Derecho de la Unión "no puede afectar a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución ni a la identidad nacional", cuyo respeto está "expresamente recogido" -ha recalcado- en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea, por lo que "no puede

ser puramente retórico".

Durante la reunión, celebrada bajo el título "Los 40 años de adhesión de Portugal y España a la Unión Europea: problemas constitucionales; las relaciones entre los tribunales constitucionales y el TJUE", Conde-Pumpido también ha puesto en valor el proceso de integración política y económica de ambos países en el proyecto europeo, puesto que significó la proyección de ambas democracias constitucionales en un espacio jurídico supranacional basado en el Estado de derecho, la cooperación leal y la protección reforzada de los derechos fundamentales.