La Comisión Europea lanza la Ley de Aceleración Industrial para proteger sectores críticos de la UE

Tras numerosos retrasos, presiones de sectores industriales y de las capitales por los diferentes intereses económicos que defiende cada país, la Comisión Europea ha lanzado este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) que introduce requisitos “específicos y proporcionados” de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones de carbono para poder acceder a la contratación pública y conseguir apoyo público. El gran objetivo global es que el peso de la industria manufacturera alcance al menos el 20% del PIB de la Unión Europea para el año 2035. También es “proteger a las empresas europeas de la competencia desleal”, especialmente de China, y fortalecer al sector industrial frente a la caótica política comercial de Donald Trump.

Por ejemplo, para acceder a ayudas públicas o licitaciones a los seis meses de la aprobación de la norma el 70% de los componentes de un vehículo eléctrico, menos la batería, tienen que haber sido fabricados en la UE, mientras que a los tres años de la Ley en vigor, los inversores y las celdas de los paneles solares deben ser europeas.

“Ante una incertidumbre global sin precedentes y una competencia desleal, la industria europea puede confiar en las disposiciones de esta Ley para impulsar la demanda y garantizar cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos. Creará empleo al orientar el dinero de los contribuyentes hacia la producción europea, reduciendo nuestras dependencias y fortaleciendo nuestra seguridad y soberanía económica”, ha explicado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industrial.

La IAA afecta a la industria manufacturera, pero toca especialmente a los sectores de uso intensivo de energía, toda la cadena de valor del automóvil y las tecnologías de cero emisiones. De esta manera, se introducen requisitos de bajas emisiones de carbono para el acero utilizado en la automoción y la construcción, mientras que los criterios de “Hecho en la UE” y de bajas emisiones se aplican al cemento empleado en la construcción y al aluminio utilizado en la automoción y en la construcción, cuando estén sujetos a contratación pública u otras formas de intervención pública.

En el caso de las tecnologías de cero emisiones, la Ley establece requisitos de “Hecho en la UE” para baterías, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, energía solar fotovoltaica (PV), bombas de calor, energía eólica, electrolizadores y tecnologías nucleares, cuando estén sujetos a determinados procedimientos de contratación pública, subastas y regímenes de apoyo. Asimismo, introduce disposiciones de “Hecho en la UE” para los vehículos eléctricos (VE) y sus componentes.

Requisitos europeos para la contratación pública

La contratación pública representa aproximadamente el 15% del PIB de la Unión Europea, es decir, se trata de una “herramienta estratégica esencial para prevenir dependencias críticas y fortalecer las cadenas de suministro de la industria europea”, traducido: no era viable que empresas fuera de la UE se beneficiaran de contratos públicos de países europeos sin fabricar en la UE ni con productos europeos.

Así, la medida propone que las autoridades podrán excluir de las contrataciones públicas las ofertas presentadas por operadores económicos que sean propiedad o estén controlados por entidades establecidas en terceros países que no hayan celebrado un acuerdo internacional con la Unión que garantice el acceso recíproco.

Para que la norma no choque con la estrategia de la UE de aprobar acuerdos comerciales con nuevos países para reducir la dependencia de EEUU y China, como regla general, los productos de terceros países pueden considerarse equivalentes al “origen de la Unión” si provienen de países con los que la UE tiene un acuerdo de libre comercio, una unión aduanera o si son partes del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC.

A pesar de estas excepciones, la Comisión Europea se reserva el derecho de excluir a un tercer país si no ofrece un trato recíproco y equitativo a los productos o entidades de la UE, al igual que la Comisión podrá justifica la exclusión de una compañía para evitar dependencias o cualquier situación que amenace la seguridad de suministro dentro de la UE.

Además, se deben incluir especificaciones técnicas mínimas y obligatorias que exijan el origen de la UE y/o bajas emisiones de carbono para la adquisición de bienes o servicios en sectores estratégicos (almacenamiento de baterías, energía solar fotovoltaica, bombas de calor, tecnologías eólicas, electrolizadores y fisión nuclear).

Ahora bien, para asegurar que esta medida no restrinjan artificialmente la competencia ni generen costes inasumibles, las autoridades pueden decidir de forma excepcional no aplicar los requisitos de origen y bajas emisiones si se cumple que los productos o servicios requeridos solo pueden ser suministrados por un operador y no existe una alternativa; si no se presentaron ofertas adecuadas en un procedimiento de contratación pública similar lanzado en los dos años anteriores; si aplicar el requisito obliga a la autoridad a adquirir bienes o servicios con un coste excesivo (el coste es desproporcionado si la diferencia de precio supera el 20%) y si el uso de esos productos europeos genera incompatibilidades técnicas en la operación o mantenimiento del proyecto (por ejemplo, si compromete los requisitos básicos de obras de construcción o infraestructuras).

Exigencias por sectores y productos con fechas

La ley establece requisitos estrictos de origen y sostenibilidad para acceder a contratos públicos y esquemas de apoyo según sectores y productos:

Acero: se requerirá un 20-25% de acero bajo en carbono en obras públicas y construcción automotriz.

Cemento y Aluminio: se exige un 25% de contenido bajo en carbono para enero de 2029.

Vehículos Eléctricos y Híbridos: A los seis meses de vigencia de la norma el 70% de los componentes deben ser de origen UE, salvo las baterías, cuyas celdas y al menos tres componentes tienen que se fabricados en Europa. A los tres años, se eleva el requisito a cinco componentes de la batería (incluyendo el material activo del cátodo) y además, dentro del 70% del resto de componentes, el 50% del tren motriz eléctrico y la mitad de la electrónica debe ser europeo.

Sistemas de almacenamiento de baterías: Hasta el tercer año el sistema de almacenamiento debe ser de la UE. Si el proyecto supera 1 Megavatio-hora (MWh), el sistema de gestión de la batería también debe ser europeo. A partir del tercer año, el sistema, las celdas de la batería, el sistema de gestión de la batería, más un componente principal específico adicional deben tener origen en la UE.

Energía solar: el objetivo es relocalizar componentes críticos como el inversor (dispositivos electrónicos críticos que transforman la corriente), que representa el 10% del precio de un panel. A los tres años, los inversores y las celdas de los paneles solares deben ser europeas.

Energía nuclear: A los cuatro años se la aprobación de la ley tendrán que tener dos componentes de fabricación europea y a los seis años, tres componentes.

Energía eólica: un año después de aprobar la norma, un componente de la turbina eólica tiene que haber sido fabricado en Europa y a los tres años, dos componentes.

Bombas de calor: A los tres años de la aprobación de la norma el producto final debe ser fabricado en europa.

Electrolizadores: al año de la vigencia de la ley, el producto final, el stack (núcleo central del equipo) u un componente tienen que haber sido fabricados en Europa, mientras que a los tres años además del producto final y el stack deberá llevar dos componentes de fabricación europea.

Control de la inversión extranjera

La medida también pretende evitar que las inversiones de terceros países extraigan el valor añadido y la tecnología de la UE. Para ello se imponen condiciones estrictas a las inversiones extranjeras superiores a 100 millones de euros en sectores estratégicos emergentes (baterías, vehículos eléctricos, energía solar y materias primas críticas).

En caso de que el inversor provenga de un país que controle más del 40% de la capacidad mundial de fabricación en ese sector (un punto dirigido especialmente a China, por su control del 70% de la extracción y el 90% de la producción de tierras raras y minerales críticos, entre otros sectores estratégicos), la inversión solo se aprobará si cumple estas condiciones: el inversor extranjero no podrá poseer más del 49% del capital ni tener el control exclusivo; la inversión deberá realizarse a través de empresas conjuntas (joint ventures) con socios europeos; se exigirá la concesión de licencias de propiedad intelectual y transferencia tecnológica a la empresa europea; se debe mantener el compromiso de adquirir al menos el 30% de los insumos o materias primas dentro de la UE; al menos el 50% de los trabajadores contratados deberán ser de la UE y se exigirá que un mínimo el 1% de los ingresos anuales brutos se dediquen a inversión local en I+D.

La pugna entre los países

Mientras que Francia ha empujado para que la norma sea lo más estricta posible y alcance al mayor número de sectores de manera que las ayudas económicas y las licitaciones públicas solo lleguen a compañías europeas que trabajan con productos europeos, Alemania ha tirado para reducir la ambición de la norma, especialmente por su industria automovilística, que se nutre de componentes de fuera de la Unión Europea.

La norma también causa recelos entre los países pequeños de la UE (Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal y Suecia), que han mostrado públicamente su resquemor por una propuesta que temen pueda beneficiar a las grandes corporaciones de los mayores países de la UE frente a sus compañías más pequeñas y que buscan proveedores más baratos en países fuera de la UE.

Millones de euros de beneficios

La medida, que aún tiene un largo recorrido legislativo y puede ser modificada en varios aspectos, podría generar más de 600 millones de euros de valor adicional en las industrias del acero, el aluminio y el cemento de aquí a 2030 con el impulso la demanda de productos con bajas emisiones de carbono y hasta 10.500 millones de euros en toda la cadena de valor del sector automovilístico, según la Comisión Europea.

Bruselas aspira que la nueva medida ayude a crear decenas de miles de empleos, incluidos 85.000 en proyectos de baterías y 58.000 en la fabricación de energía solar. Además, insiste en que “se protegerán los puestos de trabajo existentes en el acero, el aluminio y el cemento durante la transición de estos sectores hacia una producción más limpia”.

Por otro lado, la digitalización de los procesos de concesión de permisos permitirá un ahorro administrativo de hasta 240 millones de euros para el conjunto de las industrias manufactureras europeas. Se espera que la Ley permita ahorrar 30,58 millones de toneladas de dióxido de carbono en las industrias de uso intensivo de energía (acero, cemento y aluminio), así como en los sectores de baterías y componentes de vehículos.