María José Torres: “En Chile la prevalencia de la violencia contra las mujeres sigue siendo alta”

En la antesala de un nuevo 8 de marzo, la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, María José Torres, entregó en la Primera Edición de Radioanálisis una mirada global sobre la situación de las mujeres y los desafíos pendientes en acceso a derechos y justicia.

En esa línea, Torres advirtió que, aunque los cambios no suelen ser drásticos de un año a otro, existen fenómenos recientes que encienden alertas. “Lamentablemente no es que veamos cambios súper sustantivos de un año a otro. Quizá hay temas que aparecen de manera más clara en ciertos años. En 2025, cuando Chile tuvo elecciones presidenciales, documentamos un fenómeno preocupante de violencia en redes en el contexto digital. Pudimos constatar cómo, entre los mensajes violentos dirigidos a quienes participaban en la contienda electoral, tres, cuatro veces más iban dirigidos a mujeres, y no a sus posiciones o planteamientos políticos, sino a descalificarlas como personas, hablando de su apariencia física o de su historia”, señaló.

A su juicio, ese fenómeno tiene consecuencias concretas. “Eso tiene un impacto inmediato en el deseo de las mujeres de ser parte de la vida política del país. Tenemos que preguntarnos si hacer política significa someterse a ser un blanco de ataque que va más allá de los planteamientos políticos”.

La coordinadora subrayó que no se trata de percepciones, sino de datos. “No estamos hablando de un tema ideológico, estamos hablando de barreras documentadas. Si sumamos todos los derechos a los que deberían acceder las mujeres en términos de igualdad jurídica, solamente el 64 por ciento de los derechos legales los tienen las mujeres en el mundo. Y si vamos como vamos, necesitaríamos 286 años para cerrar la brecha en protección legal y eliminar leyes discriminatorias”.

Torres reconoció que la pandemia agravó desigualdades preexistentes. “Tuvo un impacto en todo el planeta. Aumentaron la exclusión laboral, la exclusión escolar y la violencia contra las mujeres. Las mujeres fueron las primeras en perder sus trabajos y las niñas las que menos volvieron a la escuela después del Covid”.

Sin embargo, enfatizó que los problemas son estructurales y sostuvo que “estamos hablando de temas que han sido parte de la realidad durante mucho tiempo. En América Latina hay avances importantes, por ejemplo en leyes contra la violencia hacia las mujeres, pero todavía no en todos los países se tipifica el feminicidio ni se prohíbe el matrimonio infantil. Son cuestiones básicas que siguen pendientes en buena parte del planeta”.

En el caso chileno, valoró avances normativos, pero alertó sobre la magnitud del problema. “Chile ha avanzado mucho en términos legales y en acceso a la justicia, pero la prevalencia de la violencia contra las mujeres sigue siendo alta. El 23,1 por ciento sufrió violencia en el último año y el 37 por ciento declara haberla sufrido en algún momento de su vida. Estamos hablando de cifras que requieren atención tanto de quienes diseñan política pública como de los sistemas educativos y del sector privado”, recalcó.

Entre los avances institucionales recientes, destacó el Sistema Nacional de Cuidados y enfatizó que “no es una ley más. Es reconocer que el cuidado, que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres y también en las niñas desde muy temprana edad, tiene una contribución económica al país y que el Estado tiene una responsabilidad en acompañar a las familias”.

Explicó que el cuidado no solo es una cuestión afectiva, sino también económica. “Si pusiéramos en cifras lo que significa el cuidado, representa algo así como el 2 por ciento del PIB. Además reconoce que hay personas que cuidan profesionalmente y que deben estar remuneradas, y también el derecho de los cuidadores y cuidadoras a que se les cuide”, detalló.

A su juicio, el desafío ahora es fortalecer su implementación y agregó que “el sistema requiere apoyo público inmediato y transformaciones institucionales. Hemos visto esfuerzos muy importantes de algunas municipalidades que han sido pioneras, generando redes con empresas locales y espacios de apoyo para que las madres puedan trabajar. Ahí hay una oportunidad de alianza entre el sector público y el sector privado”.

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Naciones Unidas organizará una actividad centrada en el acceso a la justicia, que contará con la participación de la presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, primera mujer en presidir el máximo tribunal en 200 años.

Torres valoró el hito, pero llamó a mirar más allá del símbolo. “Es significativo que por primera vez una mujer presida la Corte Suprema en un país con tantas juristas de alto perfil. Pero también queremos reflexionar sobre el mensaje central de este año, que es el acceso a la justicia. Si la justicia no tiene una perspectiva de género, si no diferenciamos cómo acceden hombres y mujeres, no vamos a conseguir una garantía plena de derechos”, señaló.

En ese contexto, enumeró brechas globales concretas. “En el 54 por ciento de los países hay deficiencias legales en acceso a la vida pública, en violencia, en acceso al empleo y en igualdad salarial. Doscientos cincuenta millones de mujeres viven bajo leyes sucesorias discriminatorias y el 59 por ciento de las mujeres en el planeta no tiene derecho a acceder a la propiedad de la tierra. Estamos hablando de cuestiones que afectan directamente la posibilidad de salir de la pobreza”.

Finalmente, vinculó estos desafíos con la realidad chilena y advirtió que “un dato grave es que los hogares monoparentales liderados por mujeres concentran una parte importante de la pobreza multidimensional. El 30 por ciento de las personas más pobres del país son niños, niñas y adolescentes cuyas madres son jefas de hogar. Esto tiene que ver con acceso al empleo, calidad de vida y posibilidades de cuidado”.

Para Torres, avanzar en igualdad de género no es solo una agenda social, sino una condición para el desarrollo. “Si nos planteamos en serio un despegue económico y crecimiento para Chile, esto no puede quedar al lado. Necesitamos una alianza fuerte entre el Estado y el sector privado para que estas brechas no tarden casi tres siglos en cerrarse”.