Ministro Muñoz revela advertencia previa: “El embajador ya había señalado la posibilidad de sanciones”
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, rompió el silencio tras convertirse en una de las tres autoridades chilenas sancionadas por Estados Unidos con la revocación de su visa oficial. En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado aseguró que la medida no fue una sorpresa absoluta, ya que el embajador estadounidense, Brandon Jubb, le había adelantado la posibilidad de represalias personales durante una reunión sostenida a mediados de enero.
Muñoz relató que recibió la notificación oficial vía correo electrónico mientras se encontraba en vacaciones familiares. Aunque el mensaje no detallaba los motivos, el vínculo con el proyecto del cable submarino transpacífico entre Chile y China fue inmediato. “Lo escuché con estupor en su momento, no esperaba recibirlo de esa manera”, confesó el ministro, quien calificó la acción de Washington como “desmedida” e interferente con la labor técnica de los funcionarios públicos chilenos.
Defensa de la institucionalidad y neutralidad
El ministro fue enfático en señalar que la cartera que dirige actúa bajo el principio de neutralidad tecnológica, evaluando proyectos por su beneficio para la ciudadanía y no por su origen geográfico. Desmintió que existiera una “predisposición favorable” hacia el consorcio chino, aclarando que, de hecho, el proyecto se encuentra actualmente en pausa mientras se analizan los antecedentes de seguridad que la propia Embajada de EE. UU. puso a disposición del Gobierno.
“Una autoridad como la nuestra debe evaluar técnicamente los distintos proyectos que genera”, sostuvo Muñoz, defendiendo la autonomía de la Subtel y del Ministerio. Para el titular de la cartera, el hecho de que se castigue a funcionarios por cumplir con sus deberes de análisis técnico sienta un precedente complejo para la administración pública. A pesar de la sanción personal, el ministro reiteró que el proceso de revisión sigue los conductos regulares, buscando equilibrar el avance tecnológico del país con los estándares de seguridad que exige la infraestructura crítica.