Revés judicial para Dominga: Corte de Antofagasta anula procedimiento de cumplimiento del Tribunal Ambiental
El polémico Proyecto Dominga suma un nuevo capítulo jurídico tras la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de anular todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental que se tramitaba ante el Primer Tribunal Ambiental (1TA). La resolución de la Segunda Sala establece que el tribunal especializado aplicó un procedimiento de ejecución para un caso no previsto por la ley, lo que constituye un error procesal que invalida las actuaciones realizadas desde febrero de 2025.
La controversia se originó cuando el 1TA intentó forzar el cumplimiento de una sentencia previa que anulaba el rechazo del Comité de Ministros al proyecto. Sin embargo, la Corte aclaró que dicho fallo original no otorgaba derechos definitivos ni calificaba el proyecto, sino que simplemente ordenaba al órgano administrativo emitir un nuevo pronunciamiento. Al no haber una decisión final que pusiera fin al juicio, la ejecución incidental solicitada por la empresa titular, Andes Iron, resulta “manifiestamente impertinente”.
En febrero de 2025, el Tribunal Ambiental había ordenado al Gobierno realizar una nueva reunión del Comité de Ministros para revisar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga, tras una solicitud de la empresa que acusaba el vencimiento de los plazos legales. Con el fallo de hoy, esa orden queda sin efecto, pues el tribunal de alzada considera que el tribunal ambiental excedió sus competencias al intentar intervenir en cuestiones esenciales del proceso de evaluación que aún están en trámite.
Impacto en la tramitación del proyecto
Esta anulación significa que el proceso retrocede administrativamente. La Corte de Antofagasta subrayó que la resolución del 1TA no confirmó ni revocó lo decidido por la autoridad ambiental en su momento, sino que simplemente pidió reiniciar la tramitación. Por lo tanto, no se puede exigir el cumplimiento forzado de una resolución que, por su naturaleza jurídica, aún no ha resuelto la cuestión de fondo del litigio.
Este escenario devuelve la incertidumbre sobre los plazos de definición para la iniciativa minero-portuaria en la Región de Coquimbo. Mientras la defensa de Andes Iron analizaba los pasos a seguir, desde los organismos ambientales valoraron el fallo, señalando que restituye el ordenamiento procesal y los límites de competencia de los tribunales especializados frente a las facultades del Poder Ejecutivo.