PS condena revocación de visas de EE. UU. a funcionarios chilenos por “cable chino”
El Partido Socialista (PS) emitió una dura condena tras la decisión del Departamento de Estado de EE. UU. de revocar las visas de ingreso a tres altas autoridades del Gobierno de Gabriel Boric, entre ellas el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. La colectividad calificó la medida como un acto “arbitrario” que busca presionar a Chile en medio de la evaluación del proyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con Hong Kong.
Para el PS, la acusación de Washington de que Chile estaría vulnerando la seguridad regional al considerar tecnología china es “temeraria e infundada”. A través de un comunicado oficial, el partido rechazó terminantemente la premisa de que las decisiones de inversión en el hemisferio deban someterse a la esfera de influencia de la administración de Donald Trump, tildando la actitud de “imperial e inaceptable” para un país soberano.
El bloque oficialista argumentó que la sanción busca servir como una advertencia directa para el próximo gobierno de José Antonio Kast, intentando frenar el avance de la inversión extranjera proveniente de Asia. El PS recalcó que Chile posee una economía abierta que opera bajo el principio de neutralidad tecnológica, lo que permite la libre competencia sin discriminación de origen, siempre bajo el marco del derecho internacional y los intereses nacionales.
Autonomía inteligente frente a la pugna hegemónica
Ante la creciente disputa entre las dos superpotencias, el socialismo chileno propuso un enfoque de “autonomía inteligente”. Según la declaración, el país no debe alinearse de forma automática con ninguno de los dos bloques, sino promover relaciones de respeto mutuo con ambos socios comerciales para salvaguardar la estabilidad económica y el desarrollo digital de Chile.
Este impasse diplomático escala en una semana donde la Subsecretaría de Telecomunicaciones ya había defendido los procesos técnicos del cable asiático. El PS cerró su mensaje exigiendo que se respete la autonomía del Estado chileno para decidir sobre su infraestructura crítica, advirtiendo que ceder ante este tipo de presiones sentaría un precedente peligroso para la autodeterminación en la gestión de bienes públicos y tecnología.