La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp) respaldó el compromiso expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que la autoridad laboral revise el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en el sector de la seguridad privada, particularmente en lo relacionado con los esquemas de jornada.A través de un comunicado, el organismo señaló que confía en que el gobierno federal avance también en la corrección de prácticas de contratación pública que, actualmente, contravienen el marco legal vigente en materia de jornadas laborales.La semana pasada, durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria informó que solicitará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) revisar los esquemas bajo los cuales operan los guardias de seguridad privada, al reconocer que en diversos casos se mantienen modelos de trabajo de 24 por 24 horas, incompatibles con la legislación laboral vigente.Para la Amesp, el posicionamiento presidencial resulta pertinente, sobre todo en el contexto de la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el propio gobierno federal para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La asociación detalló que la propuesta refuerza el mensaje de que el país avanza hacia un modelo laboral más justo y alineado con estándares internacionales.No obstante, la asociación advirtió que persiste una contradicción estructural en la práctica. Precisó que diversas dependencias y entidades gubernamentales continúan promoviendo, mediante licitaciones públicas disponibles en la plataforma CompraNet, esquemas de contratación de seguridad privada basados en turnos de 24x24.De acuerdo con el organismo, dependencias de los tres niveles de gobierno —entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Tlaxcala, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Isafam)— siguen solicitando servicios con cobertura continua de 24 horas por elemento.Esta situación, afirmó, genera al menos tres efectos: Primero: Coloca a las empresas ante la disyuntiva de cumplir con la legislación laboral y perder contratos públicos, o bien participar en licitaciones reproduciendo esquemas que vulneran derechos laborales.Segundo: Envía una señal contradictoria al mercado formal y debilita el principio de legalidad que el propio Estado busca fortalecer.Tercero: Fomenta condiciones de competencia desleal frente a empresas que sí invierten en profesionalización, seguridad social y respeto a jornadas legales.La Amesp subrayó que la seguridad privada es un sector estratégico y complementario a la seguridad pública, intensivo en mano de obra y con alta responsabilidad social, por lo que su fortalecimiento no puede depender únicamente de inspecciones si al mismo tiempo subsisten prácticas de contratación pública contrarias al marco legal.MVDJT
