El Gobierno prepara un cambio radical en la vivienda de alquiler: penalizará en el IRPF a los caseros que suban el precio
El mercado de la vivienda es, sin duda, uno de los focos principales de la sociedad. La capacidad para acceder a un inmueble sigue reduciéndose con el paso del tiempo debido a las dificultades que encuentran los ciudadanos en el camino.
En el caso de los alquileres, los precios siguen elevándose al tiempo que la oferta se reduce y la demanda aumenta. Por ello, desde el Gobierno están estudiando la posibilidad de introducir una medida que proteja y favorezca el acceso a la vivienda.
En este caso, el Ejecutivo se plantea reducir las bonificaciones del IRPF para los caseros que suban el alquiler a sus inquilinos. Una medida que busca incentivar la congelación de precios para favorecer la entrada de los ciudadanos a una inmueble en alquiler.
Una reducción en la deducción del 50%
La medida se encuentra en fase de estudio dentro del propio Gobierno, por lo que no existe nada oficial. No obstante, la idea plantea utilizar el IRPF para premiar a quienes mantengan el precio del alquiler y para recortar beneficios fiscales a los propietarios que incrementen las rentas al firmar un nuevo contrato.
En concreto, la intención sería la de reducir la deducción del 50% del IRPF que actualmente pueden aplicarse los arrendadores en el impuesto sobre la renta. Una reducción que no se realizaría al completo puesto que se quiere seguir favoreciendo el alquiler residencial a largo plazo frente a los contratos turísticos o de temporada. Según han confirmado fuentes del Gobierno, la medida busca incentivar los comportamientos que redunden en un interés general y desincentivar los que vayan en la dirección contraria.
De salir adelante, la medida afectaría a un gran número de ciudadanos que cuenta con propiedades en alquiler. En concreto, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, en España hay más de dos millones de propietarios que declaran ingresos por alquiler.
¿Cómo se aprobaría la nueva medida?
En caso de que el Gobierno llegue a un consenso, el cambio fiscal necesitaría de su aprobación mediante real decreto ley, para después ser convalidado en el Congreso. Es por ello que el Ejecutivo necesitaría del respaldo de sus socios para sacar adelante la norma, algo que se antoja complicado en el contexto político actual.
Actualmente, los propietarios de una vivienda en alquiler pueden tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen (ingresos menos gastos). Con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en enero de 2024 el régimen general pasó del 60% al 50% para los nuevos contratos.
Se trata del porcentaje base para nuevos contratos de alquiler de vivienda habitual, ya que con la citada ley puede aumentar al 60%, 70% o 90% si se cumplen requisitos adicionales como obras de rehabilitación, reducción de renta en zonas tensionadas o alquiler a jóvenes de 18 a 35 años.
Esto no se aplica, sin embargo, a los alquileres turísticos o temporales, que también se quieren limitar en el decreto en el que trabajo el Gobierno para poner fin a su uso fraudulento.
Una medida que combina con los incentivos fiscales anunciados por Pedro Sánchez
De esta forma, en caso de entrar en vigor la propuesta, el Gobierno combinaría la reducción con los incentivos de hasta el 100% del IRPF para los propietarios que al menos mantuvieran la misma mensualidad y desincentivos para quien lo suba.
No obstante, esta última propuesta presentada por el presidente no ha sentado bien a los socios. Concretamente, la formación de Yolanda Díaz rechazó la medida por considerar que supone "regalar dinero público a los rentistas" y que "no soluciona el problema de la vivienda".
Aún así, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió la pasada semana en que el Gobierno "no tira la toalla" ni se ha rendido de cara a buscar a un acuerdo para sacar adelante las recientes medidas, asegurando que hasta el último minuto hay capacidad para el entendimiento.