Guerra en Sinaloa

Sólo un falso pudor impide a los gobiernos federal y estatal reconocer y declarar que, desde hace casi año y medio, Sinaloa está en guerra. Un conflicto ante el cual y pese al esfuerzo de las Fuerzas Armadas, el Estado mexicano ha sido derrotado increíblemente por dos facciones del crimen, al tiempo de confrontarse entre ellas.

Duele escribirlo, pero la realidad es esa. El número de personas muertas y heridas, desaparecidas y desplazadas. El costo derivado no sólo de las pérdidas acumuladas, sino también de las actividades o inversiones económicas frenadas o espantadas. El armamento utilizado, así como las estrategias y tácticas desarrolladas. La alteración de la vida civil, social y política. La duración del conflicto… Todo ello permite decir sin ambages: Sinaloa, al menos su capital y otras plazas, está en guerra.

La población civil ha quedado atrapada en el fuego cruzado y por el desgobierno –dicho con suavidad– de Rubén Rocha Moya, quien seguramente tacha en el calendario los días, ansiando poder irse sin que nadie vaya detrás de él, aunque su negligencia y desprestigio lo persigan y condenen desde ahora.

El paisaje de Sinaloa corresponde al de una trinchera o una fosa y, aun cuando desde el oficialismo se arguya que ello deriva de la sustracción de un capo del crimen, concertada o no con Estados Unidos por los cómplices traidores, la realidad es ineludible: Sinaloa está en guerra y el Estado mexicano no puede con ella.

Tanto se ha normalizado la inseguridad y tanta ha sido la incapacidad oficial para garantizarla que, quizá, por eso se intenta no llamar por su nombre cuanto ahí sucede. Si el conflicto no se reconoce como una guerra, ésta no existe. La evidencia, sin embargo, derrumba el discurso, abre la puerta a los eufemismos y la cierra a la posibilidad de replantear la estrategia, considerando al conjunto de frentes que abarca.

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Reconocer como una guerra la circunstancia por la cual atraviesan Culiacán y otras plazas de Sinaloa responde no al afán de litigar la denominación de la bárbara violencia provocada por la fractura del cártel criminal dominante en esa entidad. No, nada de eso.

La insistencia en otorgarle la debida dimensión y denominación a la crisis de seguridad prevaleciente en esa entidad obedece a un propósito: crear las condiciones para replantear la estrategia para combatir al crimen y salir del doble discurso que, pese a la gravedad de cuanto acontece allí, reduce la violencia a la confrontación de dos facciones y justifica la situación humana, social, económica y política como un lamentable daño colateral.

Los datos, sin embargo, son incontrovertibles. Echando mano de la inteligencia artificial, el saldo de guerra es impresionante. Esto dice: “La violencia en Sinaloa desde septiembre de 2024 ha generado una crisis severa, con un impacto económico acumulado que supera los 50 mil millones de pesos entre finales de 2024 y mediados de 2025. El costo humano incluye cientos de homicidios dolosos –superando en 2025 los registros de 2024-– y un aumento en desapariciones, particularmente en Culiacán y Mazatlán.”

Aun sin utilizar ese recurso, la simple revisión de los reportes periodísticos de los últimos días es desgarrador. El crimen realiza secuestros colectivos cuyo desenlace se advierte días después en la tierra removida o los montículos que delatan una fosa clandestina, donde los desaparecidos dejan de ser tales para convertirse en la certeza de la muerte infame y el dolor de los familiares empeñados en saber qué fue de ellos. La respuesta ya no puede ser: los confundieron o se encontraban en el lugar y el momento equivocados. El azar no juego en esto.

La guerra en Sinaloa reclama reconocerla como tal y actuar con mayor determinación y acuerdo en los distintos frentes, destacadamente el político porque ahí oculta un estado de descomposición mayúsculo. Aquel donde se borra la línea entre política y delito.

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Sin restarle mérito al esfuerzo y la acción coordinada de las Fuerzas Armadas ni mucho menos al callado, pero manifiesto giro dado por la presidenta Claudia Sheinbaum a la política de seguridad, la guerra en Sinaloa no puede librarse sólo en el campo armado ni en atención a la presión de Estados Unidos para frenar el tráfico de droga a su territorio. El reclamo estadounidense no acalla el clamor nacional.

Después de año y medio de guerra en Sinaloa es preciso replantear el rol de las fiscalías, no sólo cambiar a sus titulares; definir qué hacer con las policías estatales y municipales; revisar la estructura de gobiernos federal, estatal y municipal; y, sobre todo, es clave romper la cada vez más inocultable asociación de política y delito, sin tener por techo el nivel municipal ni excluir del asunto a los partidos ni los comicios.

Sin entrar al caso de Rubén Rocha Moya que, desde hace más de año y medio dejó el gobierno y fue señalado como político asociado por Ismael Zambada, asombra el caso de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda. Dos representantes populares fueron atacados por una célula criminal de la facción de “Los Chapitos” y ¿ahí queda el asunto? ¿Cuál fue el motivo del ataque y por qué la reacción del conjunto de los partidos queda por debajo de lo sucedido?

Replantear la estrategia en la guerra de Sinaloa obliga a considerar todos los frentes no sólo el armado y responder al clamor de los sinaloenses, no sólo al reclamo de Estados Unidos que, sobra decirlo, anuncia y manifiesta reiteradamente no estar satisfecho con lo hecho. No quiere uno que otro garbanzo de a libra, quiere un costal.

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La guerra es el fracaso de la política y la política ha fracasado en Sinaloa. Es hora de llamar las cosas por su nombre.