El TSJ de Canarias admite a trámite provisional la querella por prevaricación contra el juez que pretende entregar Beatriz Hoteles a Blantyre Capital

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una resolución de admisión provisional de la querella presentada por Inparsa, empresa matriz propietaria de los hoteles Beatriz, por un presunto delito de prevaricación contra el juez titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, responsable de homologar el plan de reestructuración promovido por el fondo de inversión Blantyre Capital (Meru), por el que se entregaba el control de la compañía al fondo británico "por un valor muy inferior al real de sus activos, a pesar del ofrecimiento de pago de todas las deudas ofertado ante el juez por la compañía", han explicado fuentes de Inparsa a LA RAZÓN.

Tras esta decisión, el Tribunal deberá valorar si se abre una fase de investigación que permitirá esclarecer si, tal como sostiene Inparsa en su querella, durante el proceso de homologación se produjeron irregularidades "penalmente relevantes en la valoración de los activos y en la tramitación del procedimiento", consistentes en "despojar a los legítimos titulares del negocio a favor de un fondo extranjero, mediante un ejercicio abusivo, arbitrario y desviado de las facultades jurisdiccionales", explican las mismas fuentes, que destacan "lo llamativo" de dicha admisión, aunque sea provisional, al ser un magistrado el objeto de la querella, algo muy poco habitual.

Según defienden en Inparsa, esta decisión del TSJC de "carácter extraordinario" confirma las dudas respecto a la actuación de Blantyre Capital y Lexaudit. "La resolución de admisión provisional es un hito procesal de especial relevancia por su carácter excepcional, porque no solo incita a una investigación penal sobre la actuación del juez, sino que también confirmaría las dudas sobre la actuación de Blantyre Capital y de Lexaudit, que valoró la compañía muy por debajo del valor real de sus activos, y podría tener efectos inmediatos sobre la ejecución del plan homologado, reafirmando la necesidad de transparencia y seguridad jurídica en operaciones de reestructuración empresarial".

La homologación del plan de Blantyre Capital por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria supuso el traspaso del control de la compañía familiar a un fondo de inversión, pese a que Beatriz Hoteles sostenía que no concurrían los requisitos legales de insolvencia. El fondo aprovechó la nueva Ley Concursal, "que permite que un acreedor no impagado pueda terminar apropiándose del control de una empresa solvente y viable, con financiación concedida, activos revalorizados y cuentas auditadas, pero terminamos perdiendo el control por una decisión judicial que homologa un plan de reestructuración presentado por un fondo buitre".

A juicio de la compañía hotelera, la actuación judicial "no permite reducir la actuación denunciada a un simple error. No se trataría de una discrepancia interpretativa razonable ni de un error técnico aislado, sino de resoluciones que presentan indicios de haber sido dictadas a sabiendas de su injusticia, suficientes para justificar la admisión a trámite de la querella".

Asimismo, la admisión provisional de la querella da cuenta de la solicitud de las medidas cautelares instadas por Inparsa ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe, lo que supone un "claro respaldo" a las dudas que Beatriz Hoteles había venido trasladando sobre la operación, en particular acerca de la valoración proporcionada por Lexaudit, basada en una tasación incompleta de enero de 2024 que estimaba los activos en 66 millones de euros frente a los 127 millones de la tasación actualizada, y que cifró sus participaciones sociales en 12 millones de euros, en lugar de su valoración real de más de 73 millones de euros.

Además, reiteran las dudas sobre la intervención del experto independiente, cuyo nombramiento ya había sido objeto de controversia y cuyo informe fue determinante para que el juzgado aprobara el cambio de control de la compañía; cargan contra la negación por parte del Magistrado de lo Mercantil de tener en cuenta el ofrecimiento completo y fehaciente de pago de toda la deuda de la compañía, sin quitas ni esperas; y critican la operativa utilizada del fondo, que impulsó un procedimiento de reestructuración mientras existían litigios pendientes que afectaban directamente al plan.

La investigación judicial permitirá analizar estos elementos y determinar si la operación se ajustó plenamente al marco legal aplicable y respetando el espíritu de la Ley Concursal, o si por el contrario esta se ha utilizado como instrumento especulativo contra una empresa familiar y no como una herramienta para preservar empresas viables.