El PSOE se alinea con la oposición y aprueba la ley de multirreincidencia que prometió a Puigdemont
La política junta a veces a extraños compañeros de viaje, y este jueves el Congreso de los Diputados ha vuelto a presenciar un ejemplo de ello. La Cámara Baja ha aprobado la ley de multirreincidencia que el Gobierno le prometió a Junts gracias a los votos de los socialistas e independentistas, así como los votos de PP, Vox y PNV. Los socios habituales del Ejecutivo, en cambio, se han posicionado mayoritariamente en contra.
Esto significa que el PSOE se ha alineado este jueves con la mayoría de partidos de la oposición al Gobierno, dejando de lado a sus socios de izquierda habituales, para poder cumplir una de las exigencias de Carles Puigdemont. Con este gesto, entre otros, Pedro Sánchez espera poder recuperar la confianza de Junts.
El Congreso ha aprobado la norma con 302 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones.
La ley, que ahora tendrá que ser ratificada en el Senado, es una reforma del Código Penal y de la de Enjuiciamiento Criminal para que los hurtos de menos de 400 euros puedan ser castigados con penas de hasta tres años de prisión en caso de que el que comete el delito haya estado condenado al menos tres veces por ese tipo de delitos.
También eleva el castigo al robo de teléfonos móviles u otros tipos de dispositivos móviles, ya que contienen datos de carácter personal, o se añade la previsión de castigo por multirreincidencia a los casos de estafa con ánimo de lucro.
Esta medida fue registrada por Junts en marzo de 2024 y la mayoría gubernamental en el Congreso estuvo bloqueando su tramitación hasta finales de 2025, cuando Puigdemont aseguró que rompía definitivamente con Sánchez y el presidente empezó a tener distintos gestos para intentar volver a entablar la relación.
La medida no convence a los socios de izquierda porque consideran que se trata de una ley punitivista y a la que, además, adjudican un deje racista.
A ERC tampoco le gustaba la medida, pero los republicanos finalmente se han abstenido porque han llegado a un pacto con el Gobierno para crear 180 nuevas plazas de jueces en Cataluña en los próximos dos años.