La Audiencia Nacional, tras la pista de 14 etarras refugiados en Venezuela "protegidos" por Maduro
La Audiencia Nacional quiere seguir el rastro de los etarras refugiados en Venezuela, con el histórico terrorista José Ignacio de Juana Chaos a la cabeza. El magistrado Francisco de Jorge tiene sobre la mesa desde hace casi un mes una petición por escrito de Dignidad y Justicia (DyJ) para que reclame información a Caracas, aprovechando el cambio de guardia tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos, sobre 14 miembros de ETA en su día «protegidos» por el exlíder bolivariano. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía, a la que se dio traslado el pasado 15 de enero de la petición de la asociación que preside Daniel Portero, aún no se ha pronunciado.
La asociación de víctimas ha formalizado su solicitud en el marco de la investigación por integración en organización terrorista a siete supuestos miembros del «aparato de huidos» de ETA. Ahora, DyJ pretende que esas pesquisas se amplíen a esos catorce etarras. Destaca, por encima de todos, el sanguinario terrorista De Juana Chaos. Pero no es el único. En la lista también figura Arturo Cubillas, alto cargo en el Ministerio de Agricultura chavista y a quien la Justicia española reclamó sin éxito al Gobierno bolivariano. Cubillas fue investigado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de los supuestos vínculos entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además de De Juana Chaos y Cubillas, Dignidad y Justicia ha solicitado que se siga el rastro de Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Uritz Zabaleta, Javier Arruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Ángeles Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.
Su vinculación y "grado de responsabilidad"
El instructor debe decidir ahora si, como le pide DyJ, libra una comisión rogatoria a Venezuela para que facilite "cuanta información tengan" de todos ellos, específicamente en lo referente a su «vinculación o pertenencia» al «colectivo de refugiados» de ETA, así como respecto a las «funciones desarrolladas, contactos con otros miembros de ETA, labores de enlace y grado de responsabilidad en el seno de este colectivo» dependiente del «aparato político» de la banda terrorista.
Asimismo, De Jorge tiene que valorar si cursa una solicitud de asistencia judicial en materia penal a EE UU para que faciliten «cuanta documentación o información se halle en el procedimiento judicial» por narcotráfico contra Hugo Armando «el Pollo» Carvajal, ex jefe de Inteligencia militar del régimen venezolano, sobre los miembros de ETA refugiados allí y su relación o adscripción a ese «aparato de huidos».
Según recuerda en ese escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN- la abogada de la asociación, Vanessa Santiago, Venezuela «ha sido y es uno de los países donde se ubica una de las mayores colonias de miembros de ETA que han huido» esquivando la acción de la Justicia española para evitar «responder por los delitos cometidos en el seno de la organización terrorista». Dignidad y Justicia afirma que ha identificado a los etarras refugiados teniendo en cuenta un informe de la Guardia Civil de septiembre de 2025 y el propio listado aportado por DyJ al juzgado junto al escrito de querella. Los 14 miembros de ETA señalados, precisa, se encontrarían residiendo en Venezuela «a fecha de 4 de abril de 2025».
La amenaza de la prescripción
La asociación señala en su petición al juzgado que con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en el poder, los etarras huidos a Venezuela han gozado de «protección», haciendo «inviable» su entrega a España, ante las reiteradas negativas a las múltiples peticiones de extradición durante los últimos 25 años, «para responder por sus crímenes terrorista». Un entorpecimiento que en muchos casos ha hecho que los delitos hayan prescrito.
Pero con el «cambio de la situación política» en Venezuela tras la captura de Maduro –que atribuye a la información suministrada por el exdirector de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando, «el Pollo», Carvajal–, DyJ considera que se abre una ventana a una posible «predisposición a colaborar con España en la entrega de cuanta información tenga respecto de estos miembros de la organización terrorista ETA».
Con el objetivo, subraya, de precisar la responsabilidad de esos 14 etarras en el «colectivo de huidos políticos vascos» (EIPK), dependiente del «aparato político» de ETA, «activo hasta su disolución en mayo de 2018». Toda esa información sobre los 14 exintegrantes de ETA y otros que puedan encontrarse en Venezuela, recalca, puede servir con posterioridad para facilitar «su entrega y puesta a disposición de la Justicia española».
"La mayor colonia de etarras huidos"
El escrito incide en que en los informes de la Guardia Civil incorporados al procedimiento «no consta la identificación de ningún miembro de ETA residiendo en Venezuela que ejerciera las labores de enlace con el colectivo de refugiados». Dado que Dignidad y Justicia descarta que no exista nadie que haya realizado esas funciones de enlace puesto que en Venezuela, recalca, «se encuentra la mayor colonia de etarras huidos desde España», considera que los datos ahora aportados «permiten atisbar la pertenencia de estos al colectivo de refugiados, alguno de ellos con responsabilidad dentro de él».
De Juana Chaos fue condenado a penas que suman más de 3.000 años de cárcel por 25 asesinatos. Tras cumplir 21 años de su condena, salió de prisión, pero se refugió en Dublín para esquivar una investigación por enaltecimiento del terrorismo por la supuesta autoría de una carta leída en su nombre en un homenaje a su persona celebrado en San Sebastián. Cuando finalmente la Justicia norirlandesa autorizó su entrega a España, su pista se perdió. Hasta que fue localizado a finales de 2012 en la Venezuela de Hugo Chávez, en la localidad caribeña de Lechería.
Arturo Cubillas, apunta, viviría en Caracas –aunque en estas fechas se le sitúa en San Sebastián, tal y como ha publicado El Confidencial y confirman las fuentes consultadas– y «se sabe que participó en tres asesinatos en los 80». Hasta 2014 fue responsable de la acogida a miembros de ETA en Venezuela, «manteniendo el control y conocimiento sobre los militantes que estuvieran de forma legal» y encargándose de las llegadas o salidas clandestinas. Trabajaba en 2015 en el Instituto Nacional de Tierras, dependiente del Gobierno de Maduro.
Respecto a Javier Arruti, la letrada de DyJ señala que desde 2014 y hasta mayo de 2018 fue uno de los responsables de los etarras huidos en Venezuela. En 2015, añade, trabajaba para la empresa Gas Comunal, una filial de PDVSA (la petrolera estatal venezolana).
La viuda de "Argala"
En cuanto a Asunción Arana, viuda del etarra José Miguel Beñarán, «Argala», deportada desde Argelia a Venezuela en 1989, cumplía la función de «dirigir y buscar alojamiento a los etarras en el país caribeño». Trabajaba como vicerrectora del Instituto Nacional de Tierras y se le concedió la nacionalidad venezolana en 2004.
Otro de los identificados, Juan José Aristizabal, habría formado parte del «comando Otxabio» y del «aparato político» de ETA. Deportado a Venezuela en 1990 tras ser detenido en Francia en 1984, trabajó como mecánico y residiría en el municipio de Bolívar.
Eugenio Barrutiabengoa fue deportado a Venezuela en 1984 tras formar parte de los «comandos» anticapitalistas Zapas-Roberto y Azpeitia, residiría en Caracas junto a su mujer, María Ángeles Artola, «también miembro de la organización terrorista», a quien se vincula con el atentado contra la fábrica de Michelín, con el cobro del "impuesto revolucionario" en Azpeitia (Guipúzcoa), con la fuga de un etarra en Beasaín y con un atentado contra la Armada. Había participado en la colocación de una bomba contra una patrulla de Fuenterrabía el 14 mayo de 1984, atentado en el que murió Juan Flórez Villar. Posee nacionalidad venezolana y ha trabajado en la empresa de Caracas Euki Exclusivas Unidas.
De José Luis Eciolaza, la asociación de víctimas apunta que según la Guardia Civil se incorporó a ETA en 1978. Exintegrante de los «comando» Donosti y Gohierri-Costa», fue investigado por el asesinato de 20 personas. En 1994 asumió responsabilidades en el «aparto militar».
En cuanto a Ángel María Lizarbe, fue miembro de ETA desde 1981 y formó parte de un «comando» de información antes de integrarse en los «comandos» Saioa, Buruntza y Nafarroa. Tiene requisitorias de diversos juzgados de la Audiencia Nacional y se le sitúa en Venezuela.
Exmiembros de "comandos"
Luis María Olalde, según la Guardia Civil, se incorporó a ETA en 1978 integrándose en el «comando Urola», participando en diversas acciones terroristas. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) le considera uno de los miembros de ETA huidos establecidos en Venezuela.
Otro de los etarras residentes en Venezuela, José Ángel Uritz Zabaleta, formó parte de la banda terrorista desde 1981. Empezó en un «comando» de información para pasar en 1982 al «comando Saioa», participando en diversos atentados. Detenido en 1990, estuvo en prisión y huyó de España en agosto de 2000 eludiendo diversas condenas por terrorismo. En 2006 fue condenado en Francia por asociación de malhechores.
Manuel Asier Guridi, según un informe de la Guardia Civil, pertenece a ETA desde 1989. Hasta su detención en España en 1992, formó parte de un "talde" de apoyo al "comando Txantxi". Condenado por diversos actos de terrorismo a diez años de prisión, salió en libertad en 1997. Entre 2001 y 2003 se le vincula con Ekin y con al "aparato de logística" de falsificación de la banda terrorista. Según consta en información publicada1 sobre un informe elaborado por Hugo "El Pollo" Carvajal, adquirió la condición de refugiado al serle concedida la nacionalidad en diciembre de 2021.
Jesús María Huerta fue colaborador del "comando Araba". Se le sitúa en en el municipio Libertador del estado de Mérida.
Por último, Ignacio Echevarría fue imputado por su participación en el intento de asesinato del periodista de la Gaceta del Norte Gerardo Huezo, en 1981. Se le sitúa en la urbanización La Esmeralda, en el estado de Carabobo. Se pidió a Venezuela su extradición en 2014 por el intento de asesinato del citado periodista; sin embargo, se denegó la extradición por considerar los hechos prescritos.