¿Cómo va a frenar la privatización de hospitales la nueva ley? Así es la norma que quiere acabar con el modelo que facilitó Aznar

El Ministerio de Sanidad ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). La norma buscar desterrar la ley de 1997 del Gobierno de José María Aznar que abrió la puerta a la privatización sanitaria y establece más requisitos y controles para las comunidades autónomas que quieran externalizar servicios y la gestión de los centros.

Aunque el texto del anteproyecto no se conoce aún, estas son algunas de las claves que ha ofrecido el Ministerio y Mónica García durante la rueda de prensa de este martes.

¿Qué decía la ley de Aznar?

El 10 de abril de 1997, el Congreso de los Diputados aprobó una ley muy sencilla: “En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. Ese era el primer epígrafe, el segundo apostillaba: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”.

Es decir, esa norma, aprobada durante el Gobierno de Aznar pero que recibió el apoyo de 290 diputados (PP, PSOE, CiU, PNV y CC), abría en la práctica la puerta a la entrada de las empresas privadas al Sistema Nacional de Salud.

¿Qué consecuencias ha tenido?

El último informe sobre la Sanidad Privada indica que el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que supone que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023. El informe señala que el Sistema Nacional de Salud ha pasado de tener 106 hospitales privados integrados en 2011 a 145 en 2023

Además de que haya empresas privadas gestionando hospitales públicos, en muchos territorios se derivan buena parte de las pruebas y tratamientos a centros privados. En 2023, el 34,6% de las estancias hospitalarias y el 17,6 % de las altas registradas en centros de gestión privada que no forman parte del sistema público fueron financiadas con fondos públicos.

Es decir: las arcas públicas cada vez financian en mayor medida el negocio de las empresas de la sanidad privada.

¿Por qué quiere el Ministerio frenar esa privatización?

Lo ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, con un par de ejemplos. Ha reproducido durante la rueda de prensa algunas de las frases que el CEO de Ribera Salud dijo a los directivos del Hospital de Torrejón para instarles a ahorrar dinero en el tratamiento a pacientes y ha denunciado prácticas como que “se dan citas a las 4 de la mañana para hacer caja con las listas de espera”, o que grupos sanitarios como Quirón han “multiplicado por seis el número de pacientes que capta de la sanidad pública” en Madrid.

El caso de Torrejón es el más reciente y que resume bien las consecuencias de la privatización. La dirección del Hospital, público pero de gestión privada, ha estado tratando de ahorrar rechazando a pacientes para priorizar los más rentables, ahorrando en material o modificando el triaje en urgencias para aligerar las listas de espera.

El modelo es un sistema perfecto de extracción de dinero público hacia las compañías privadas de salud, tanto por el canon que se paga por la gestión de hospitales públicos como por el dinero que reciben esas empresas por asumir operaciones o pruebas que les deriva el sistema público. En Madrid, por ejemplo, el Gobierno de Ayuso ha pagado 1.268 millones entre 2018 y 2023.

¿No es más eficiente la gestión privada que la pública?

No. Al contrario, el Ministerio argumenta que “el análisis de 38 países de la OCDE concluyó que no existe evidencia favorable hacia la privatización en términos de eficiencia, mostrando que los sistemas públicos hacen un mejor uso de los recursos”.

“En el contexto español, la evidencia analizada muestra que modelos de gestión indirecta, como el modelo Alzira, obtuvieron peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares. Además, la privatización se asocia con una reducción de plantillas que puede erosionar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema”, señala el Ministerio.

Hay un extra. Los análisis sobre el funcionamiento de la gestión privatizada han revelado que los hospitales en manos privadas tienden a deshacerse de las pruebas más costosas y es el sistema público quien las asume. Esos hospitales no hacen trasplantes, no tratan a neonatos con bajo peso o esquivan procedimientos que requieren una traqueostomía u oxigenación por membrana extracorpórea. En resumen, el sistema público asume el 95% de los procesos asistenciales más costosos. La gestión privada no es más eficiente, busca ahorrar dinero a costa de los pacientes.

¿Qué es el modelo Alzira al que alude la ministra?

El 10 de abril se aprobó la ley de Aznar que permitía la privatización de la Sanidad. El 19 de junio de 1997, solo dos meses después, la Comunidad Valenciana firmaba el primer contrato para externalizar servicios sanitarios a Ribera Salud. El Gobierno de Eduardo Zaplana fue el primero en permitir que una empresa privada gestionara un hospital público a cambio de un canon anual.

Ese modelo se ha extendido por otros territorios, pero ha calado especialmente en Madrid. Esperanza Aguirre también innovó a su manera con un modelo por el cual las empresas construían los hospitales a cambio de quedarse con su gestión durante 20 o 30 años. La nueva ley incluye un apartado específico para prohibir “fórmulas contractuales mixtas que vinculaban la infraestructura con la prestación del servicio”.

¿Cómo va a frenar la privatización la nueva ley?

En anteproyecto señala que solo se podrá optar por la gestión indirecta cuando no sea posible asumir la directa, cuando se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia y cuando se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

Además, la norma quiere establecer que se priorice a entidades sin ánimo de lucro cuando haya que externalizar servicios, por encima de las grandes multinacionales del sector: “Vamos a proteger el Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadora”, ha resumido García.

¿Y quién va a decidir si se cumplen?

Hay un procedimiento de evaluación, que hay que superar para poder externalizar la gestión. Se tiene que presentar una memoria justificativa, que será analizada por un comité compuesto por personas expertas del ámbito sanitario, representantes profesionales y de la sociedad civil. Toda la documentación será pública.

En el caso de que se quieran externalizar servicios, por ejemplo algunos tratamientos, la ley obligará a que haya un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera.

¿Y si la privatización sale adelante?

Según la información aportada por el Ministerio, las empresas que gestionen hospitales públicos deberán someterse a una auditoría anual de sus cuentas y habrá un control sobre las condiciones de su personal. Habrá controles de calidad de los servicios prestados y las comunidades autónomas tendrán que publicar periódicamente información sobre el estado de la concesión.

¿Y los hospitales que ya están privatizados?

La norma no les afecta. Lo ha dejado claro la ministra en la rueda de prensa: el anteproyecto solo aplica a las nuevas concesiones, no a las que ya están en marcha. Eso sí, la ley busca facilitar que los hospitales privatizados vuelvan a ser públicos, tanto cuando se acabe el contrato con la empresa privada como si se quiere adelantar. La norma prevé el asesoramiento técnico de la Alta Inspección del SNS a las administraciones que deseen revertir servicios previamente externalizados.

¿Cuándo entra en vigor?

Empieza ahora un largo camino. Se trata de un anteproyecto que se aprueba “en primera vuelta”, es decir, que ahora tiene que ser sometido a aportaciones de otros ministerios y de informes de organismos estatales. Una vez que eso suceda, el texto volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

Será entonces cuando se convierta en un proyecto de ley que se pueda enviar al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.