Rechazo frontal de Aspe a la ley de Mónica García que castiga a la Sanidad privada

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha mostrado su "rechazo frontal" al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS', aprobado este martes por el Consejo de Ministros, una iniciativa que considera que constituye un "ataque dogmático" a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas.

Además, sostiene que la norma nace con el objetivo de "prohibir, limitar o condicionar" los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico ampara legítimamente desde hace más de tres décadas.

Desde ASPE critican que esta ley parte de un planteamiento ideológico sin un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. "El texto reduce de forma arbitraria los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial", apunta la Alianza.

Por ello, advierte de que la norma parece nacer con escasas, "cuando no nulas", posibilidades de prosperar, al contradecir el marco jurídico vigente de competencias autonómicas en un modelo de descentralización sanitaria aprobado desde 2003.

Asimismo, ASPE afirma que El Ministerio dirigido por Mónica García "criminaliza" al sector sanitario en su conjunto e identifica de "forma simplista" la calidad y la integridad del sistema con la naturaleza jurídica del gestor.

En este sentido, subraya que el sector sanitario privado se opone de forma unánime a los intentos del Gobierno de "derogar no solo la Ley 15/1997, sino también de facto la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS, una norma clave que adapta el sistema sanitario a un escenario de descentralización autonómica y refuerza principios esenciales como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social".

ASPE alerta de que esta ley tendrá un impacto directo y negativo sobre los pacientes, especialmente en términos de accesibilidad y tiempos de atención. Considera que restringir de manera rígida los instrumentos de gestión disponibles en manos de las comunidades autónomas reducirá la capacidad de respuesta del sistema "en un contexto marcado por listas de espera estructurales en récords históricos, saturación asistencial y creciente presión sobre áreas clave como la cirugía programada, el diagnóstico o la oncología".

"En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas. La sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes", ha señalado la presidenta de ASPE, Herminia Rodríguez.

Por todo ello, ASPE reclama la reconsideración inmediata de este anteproyecto y la apertura de un diálogo real que permita construir un marco sanitario basado en la evidencia asistencial, la cooperación (Ley 15/1997 sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del SNS) y el respeto a las competencias autonómicas (Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS).