Carlincatura del sábado 7 de febrero de 2026
En Condorcanqui, Amazonas, el Estado peruano enfrenta una responsabilidad central en materia de protección de la niñez y acceso a la justicia. En esta provincia se registran alrededor de 800 investigaciones fiscales por abuso sexual infantil y, solo en 2025, cerca de 300 nuevos casos en comunidades awajún y wampis. Estas cifras configuran un escenario que demanda presencia institucional, especialización y coordinación intersectorial.
La creación de fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en Río Santiago y El Cenepa respondió al objetivo del Sistema Nacional Especializado de Justicia, concebido para garantizar atención diferenciada, enfoque territorial e intervención oportuna frente a la violencia sexual. Este sistema incluyó la implementación de la Cámara Gesell y equipos multidisciplinarios orientados a la protección procesal de niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, la fiscalía recompuesta actualmente forma parte de una estructura surgida de acuerdos políticos en el Congreso y de designaciones promovidas por sus fuerzas aliadas en la Junta Nacional de Justicia. La responsabilidad por la continuidad y eficacia del sistema recae en quienes conducen el Ministerio Público, peor sobre todo, el pacto autoritario parlamentario que guarda silencio.
No obstante, la articulación entre el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso forma parte de una agenda de responsabilidad institucional compartida, en donde el gobierno también ocupa un lugar fundamental. Lastimosamente, como el Ministerio Público, el Ejecutivo forma parte de las instituciones sometidas al pacto antidemocrático del Congreso.
Las elecciones generales representan para la Amazonía un espacio de decisión ciudadana fundamental.
En defensa de las niñas awajún, el ejercicio del voto abre una oportunidad para exigir justicia, protección institucional y políticas de prevención de la violencia sexual contra menores de edad, sobre todo a los que pretenden representarlas desde el Senado y la Cámara de diputados. Y, ante ello, algo que tienen a su favor es que pueden reconocer algunos que piden su apoyo electoral desde organizaciones políticas que hoy son responsables de esta infausta decisión.