El ertzaina del puñetazo a un joven en Irún admitió su responsabilidad en el juzgado y se expone a inhabilitación

El agente de la Ertzaintza con código profesional 25145, que en 2023 propinó un golpe en la cara a un varón ante la pasividad de otros cinco ertzainas y cuatro agentes municipales de Irún y que luego ocultó los hechos hasta el punto de negar una ambulancia que se había pedido al 112, ha admitido su responsabilidad en sede judicial. La Fiscalía plantea que pueda ser condenado por atentado contra la integridad moral, con penas de hasta dos años de cárcel -que no suelen ser efectivas si se carece de antecedentes-, aunque, según el Código Penal, “en todo caso” comportan la “inhabilitación especial” durante entre dos y cuatro años.

El funcionario, que estuvo suspendido cautelarmente desde que trascendieron los hechos, en mayo de 2024, hasta febrero de 2025, cuando ganó un recurso de alzada interno, compareció el 23 de octubre en el Tribunal de Instancia de Irún. La entonces titular de la plaza 1 de la sección de primera instancia e instrucción de ese partido judicial, Maider Imaz, tomó declaración en calidad de imputado al ertzaina. Según las fuentes consultadas, pidió disculpas, asumió que sus actos no fueron correctos e indicó que perdió los nervios, aunque también insistió en que existe un contexto que justificaba la actuación policial contra A.A.C., la persona que recibió el puñetazo.

Unas semanas después, en diciembre, el ministerio fiscal presentó un informe dejando constancia de este reconocimiento de los hechos y asumiendo que el delito de atentado puede ser considerado como “leve”. Sin esa rebaja, la pena de prisión es sustancialmente superior y podría comportar el ingreso efectivo en un centro penitenciario. Hay una vista programada para el próximo mes de marzo en la que se podrá cerrar una conformidad y resolver esta causa judicial.

Aunque los hechos son de 2023 y se conocieron en 2024, ha sido en los últimos días cuando se ha publicado un dictamen de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca con severos reproches por lo ocurrido. Se señala con claridad la desproporción de la intervención de los diez agentes implicados y el trato vejatorio dispensado a la víctima. Además, se relata cómo 'a posteriori' se trató de ocultar lo sucedido hasta el punto de impedir que el golpeado recibiera asistencia sanitaria. Consta también que la Ertzaintza tardó meses en entregar la información requerida por el organismo de control, mucho más que la Policía de Irún.

Fuentes del Departamento de Seguridad, preguntadas por la parte disciplinaria del caso, indican que el asunto “está en los juzgados”. Remarcan que cautelarmente ya fue suspendido este ertzaina. En todo caso, las actuaciones de Asuntos Internos están paralizadas a expensas de la resolución judicial.