Caso Procultura: Fiscalía apela cautelares y solicita desafuero del gobernador Claudio Orrego
La Fiscalía Regional de Antofagasta recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía rechazara la solicitud de prisión preventiva para los imputados en el denominado caso Procultura, investigación por presuntos delitos vinculados a convenios con el Gobierno Regional Metropolitano.
De acuerdo con lo informado, el Ministerio Público confía en revertir la resolución del tribunal de primera instancia, considerando que este tipo de causas de alta complejidad suelen extenderse en el tiempo y no se resuelven en una sola audiencia. La apelación podría abrir la puerta a la imposición de medidas cautelares más gravosas.
El proceso judicial se activó el pasado viernes, cuando el tribunal despachó órdenes de detención que fueron ejecutadas por la Policía de Investigaciones. Esto derivó en la comparecencia de cinco imputados ante el juzgado durante la jornada del sábado, instancia en la que fueron formalizados.
La fiscalía atribuye a los imputados su presunta participación en un fraude superior a los $mil 600 millones, asociado a convenios suscritos entre Procultura y el Gobierno Regional Metropolitano. Tras cuatro días de audiencia, el juez Patricio Álvarez decretó la medida cautelar de arraigo nacional para cuatro de ellos.
Las medidas se aplicaron a Alberto Larraín, fundador de Procultura; María Teresa Abusleme, exjefa de estudios; Constanza Gómez, exrepresentante legal; y Evelyn Magdaleno, exfuncionaria del Gore. En tanto, Gabriel Prado, excoordinador del proyecto en el Gobierno Regional, quedó con arresto domiciliario total, medida acordada previamente con el Ministerio Público.
En paralelo, la fiscalía ingresó una solicitud de desafuero en contra del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, la que se encuentra pendiente de revisión por la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, la autoridad regional enfrenta un proceso de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en el marco de una investigación por eventuales delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos.