En defensa de la credibilidad
En los últimos meses ha reaparecido, con fuerza renovada, una crítica conocida en los círculos especializados: que el régimen de objetivos de inflación del Banco de México ha perdido credibilidad porque las expectativas no convergen de forma limpia a la meta puntual del 3%. La acusación no es menor. En el lenguaje de la política monetaria, la palabra “credibilidad” es casi sinónimo de legitimidad técnica. Pero también es una palabra que suele usarse de manera imprecisa, reducida a un solo indicador, como si toda una arquitectura institucional pudiera juzgarse a partir de una cifra.
Ahí es donde podemos enriquecer la discusión. Porque el régimen de objetivos de inflación —y la credibilidad que lo sostiene— no es solo una promesa numérica, sino un contrato institucional complejo entre el banco central, los mercados y la sociedad.
La literatura lo ha dicho con claridad desde hace décadas. Para Mishkin y Schmidt-Hebbel, el régimen no es solo una meta anunciada, sino un marco integral que combina mandato legal, autonomía, reglas de reacción, transparencia y rendición de cuentas. Clarida, Galí y Gertler mostraron que lo relevante no es si la inflación toca exactamente la meta en cada periodo, sino si la autoridad reacciona de manera sistemática y predecible ante los choques. Woodford fue más lejos: la credibilidad se construye intertemporalmente, a través de la coherencia del marco, no del resultado puntual.
Sin embargo, una parte del debate reciente parece omitir esta evolución teórica; se asume que una brecha persistente entre expectativas y meta implica, automáticamente, una falla institucional. Otros especialistas, en cambio, sostienen una lectura distinta: que esa brecha refleja choques de oferta prolongados, rigideces estructurales o tensiones entre estabilidad de precios y actividad, sin que ello invalide el régimen. No es un desacuerdo menor; es una diferencia sobre qué entendemos por credibilidad.
En el caso de México, el contraste es evidente. Desde que Banxico adoptó la meta puntual de 3% en 2003, la inflación ha tenido episodios prolongados de desviación —como en prácticamente todas las economías abiertas—, pero también ha mostrado convergencia en horizontes relevantes. Más aún: las expectativas de mediano y largo plazo nunca se desanclaron de forma abrupta, ni siquiera durante el choque inflacionario global de 2021-2023.
Quienes critican el régimen suelen enfatizar que el mercado “vive cómodo” con inflaciones cercanas a 4%. Quienes lo defienden responden que la credibilidad no se mide por la comodidad, sino por la ausencia de rupturas: no hubo espirales, no hubo indexación generalizada, no hubo dominancia fiscal. Banxico endureció su postura cuando fue necesario, aun a costa de crecimiento, y empezó a relajarla cuando el balance de riesgos lo permitió. Esa secuencia temporal en la reacción del Banco importa para su compromiso institucional con la estabilidad de precios.
El segundo eje del debate es el compromiso con el mandato. Aquí el consenso entre especialistas es mayor. Incluso voces críticas reconocen que el Banco ha mantenido, sin ambigüedad, la estabilidad de precios como objetivo prioritario. Ni los ciclos electorales ni las presiones por “ayudar al crecimiento” alteraron esa jerarquía. En un país con memoria inflacionaria larga, ese compromiso no es trivial: es parte del capital institucional acumulado, el cual debe seguirse fortaleciendo.
La autonomía completa el cuadro. México sigue figurando entre los marcos jurídicos más sólidos en materia de independencia del banco central.
Quizá donde el intercambio entre especialistas es más fértil —y más interesante— es en la comunicación. Hay quienes sostienen que el Banco ha sido demasiado optimista en sus trayectorias inflacionarias; otros argumentan que ha mejorado notablemente en claridad, densidad informativa y explicación de riesgos. Los estudios de minería de texto y análisis semántico respaldan esta segunda visión: Banxico comunica más, mejor y con mayor consistencia que hace una década. La comunicación no elimina la incertidumbre, pero la ordena. Y eso también es credibilidad.
Todo esto apunta a una conclusión incómoda, pero necesaria: la credibilidad no es un resultado, es una propiedad del sistema. Evaluarla con un solo indicador es como juzgar la solidez de un puente por el color del asfalto. No debemos olvidar que la política monetaria ha operado como un ancla macroeconómica cuanto otros fundamentos se han visto amenazados.
Defender la credibilidad de Banxico no significa negar tensiones ni errores. Significa entender que el banco central es un bien público superior, una pieza de infraestructura invisible que solo se valora plenamente cuando falla. En un entorno global volátil y con presiones internas crecientes, cuidar esa institución es cuidar la capacidad del país para decidir con horizonte largo. El debate entre especialistas es sano. Reducirlo a una cifra, no. Bajo esa simpleza, corremos el riesgo político de alimentar el desgaste de su autonomía.